Resumen: El caso de Albino Vargas por presunta instigación pública
Desde este lunes 6 de diciembre, el dirigente sindical enfrenta un juicio en los Tribunales de San José. Aquí le presentamos un resumen del caso y lo que ha sucedido hasta ahora en el debate.
El 9 de setiembre del 2019, el secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, participó en una reunión del Encuentro Social Multisectorial que se efectuó en el auditorio de la Conferencia Episcopal y a a la cual asistieron representantes de varios gremios.
En aquella época, había varios temas de la agenda nacional en discusión como la Ley que regula las huelgas y otros relacionados con el sector público.
En el uso de la palabra, Vargas aseguró que «la tesis de paro nacional» era correcta. Posteriormente habló de proponer el cierre de fronteras e importantes vías nacionales hasta obligar a las autoridades estatales a que se sientan a dialogar.
Las manifestaciones quedaron grabadas en un video que se viralizó y apareció en los medios de comunicación y redes sociales.
Luego de una conversación con el abogado Rubén Hernández, la también abogada, Gloria Navas, decidió denunciar a Vargas por su conducta. Además, la Fiscalía abrió la causa penal 19-000647-0619-PE por el presunto delito de instigación pública, contemplado en el artículo 280 del Código Penal que dice lo siguiente:
«Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca».
Básicamente, la instigación consiste es fomentar o promover que otros realicen conductas contrarias a la ley.
La acusación
El Ministerio Público acusó que Vargas instigó públicamente a los asistentes a la reunión a realizar acciones como los cierres de vías «con pleno conocimiento de su ilegítimo actual y aprovechando su labor como promotor social».
Según la Fiscalía, el sindicalista actuó a sabiendas «que dichas acciones delictivas generaban el entorpecimiento de servicios públicos y obstrucción de las vías públicas, conductas tipificadas como delitos que afectan la tranquilidad pública».
«Con ese actuar delictivo, el imputado pretendía crear inestabilidad social y afectar la tranquilidad pública», agrega la acusación.
La Procuraduría General de la República (PGR) estimó el daño social en ¢1 millón y el mismo monto para la Acción Civil Resarcitoria más intereses y costas procesales.
Este lunes, en el inicio del juicio, también se leyó la querella interpuesta por la abogada Navas e integrantes de la agrupación denominada Movimiento Ciudadano CR.
El texto menciona en gran parte los mismos hechos de la acusación pero añade elementos como que las declaraciones de Vargas incitaban a la violencia.
Antes de entrar a la sala de juicio, Navas dio declaraciones con respecto a las razones por las que decidió llevar al sindicalista a los Tribunales.
Navas explicó que no hacía falta que se concretaran los cierres de vías para considerar como delito la conducta de Vargas.
Durante el juicio, el primer testigo que compareció fue el abogado Rubén Hernández quien consideraba incorrecto el proceder de Vargas y por eso consultó con Navas si cabía la opción de se hubiera cometido un delito.
Hernández dijo ante la jueza Lorena Blanco, que los derechos no pueden usarse para afectar los de las demás personas como el libre tránsito para ir a trabajar, actividades académicas o acudir a centros de salud, entre otras.
Argumentos de defensa
Desde que el asunto se elevó a juicio, Albino Vargas ha alegado que está relacionado con causas políticas gestadas desde el Poder Ejecutivo. Asegura que le cobran sus años en defensa de la clase trabajadora del país y que la pretensión es silenciarlo.
Así lo reiteró la mañana de este lunes en conversación con Noticias Columbia, antes de entrar a los Tribunales de San José. Añadió que su defensa se centra en tres pilares: la parte penal, una parte constitucional y una centrada en derechos humanos.
Noticias Columbia consultó al secretario general de la ANEP si sus afirmaciones de que su caso es un juicio político significan que no cree en la imparcialidad del Poder Judicial para resolver asuntos.
Este medio también le preguntó a Vargas si se arrepentía de lo que dijo el 9 de setiembre en el auditorio de la Conferencia Episcopal.
Albino Vargas presentó el 1 de diciembre una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 280 del Código Penal que establece el delito de instigación pública. Por ese motivo, su abogado Rodrigo Rosales solicitó que el juicio fuera suspendido hasta tanto haya un pronunciamiento de la Sala Constitucional.
No obstante, la acción se encuentra en estudio de admisibilidad, no se la ha dado curso y, por ello, la jueza rechazó la solicitud.
Adicionalmente Vargas presentó al Tribunal un documento del Instituto Interamericano de Resposanbilidad Social y Detechos Humanos (IIRESODH) que acudió a distintas relatorías de Naciones Unidas relacionadas con esta materia.
El sindicalista dijo que el documento menciona los problemas de restricción y obstáculos al ejercicio sindical y de la supuesta criminalización de la libertad de expresión y derechos conexos.
La jueza también consideró que el trámite de estas gestiones no impide la realización del debate en Costa Rica.
