Auditoría advierte que Municipalidad debe actuar ante construcciones ilegales en La Carpintera
La auditoría interna de la Municipalidad de la Unión advirtió al alcalde, Luis Carlos Villalobos y al Concejo Municipal tomar acciones “claras y contundentes” ante las construcciones ilegales de viviendas en dos fincas de los cerros de La Carpintera.
Esta advertencia la hizo por medio de un documento remitido el 16 de octubre en el que hacen una cronología de los hechos. Se trata de una disputa entre autoridades municipales y los vecinos de la zona que se resisten a desalojar las viviendas.
La voz de la auditoría se une a la de la Sala Constitucional que en una reciente sentencia ordenó a la Municipalidad de la Unión identificar las viviendas construidas de forma ilegal e iniciar con los procedimientos respectivos.
Las viviendas construidas en este sector están bajo una área protegida. No cuentan con permisos municipales porque esta es una zona turística y de recarga acuífera y rica en diversidad.
Además, desde el 2014, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) alertó sobre una serie de problemas en esta zona con suelos inestables y pendientes pronunciadas.
La auditora, Anabell Barboza, reiteró al Concejo Municipal la necesidad de atacar la orden de la Sala y no seguir postergando la demolición de las viviendas.
Desde el 2015, la orden de desalojar y demoler la vivienda está en firme pese a los intentos de los vecinos (por medio de recursos amparo) de traerse abajo la decisión que tomó la administración municipal del 2014.
El abogado Rolando Romero insistió al alcalde que la única vía es acatar la orden de la Sala Constitucional y reiteró que la sentencia está en firme.
La discusión sobre las viviendas en el cerro La Carpintera se revivió este martes en una sesión del concejo municipal.
La semana anterior en la sesión ordinaria del martes se discutió la sentencia de los magistrados. Un grupo de vecinos se hizo presente como una medida de presión.
Jorge Abarca, fue uno de los vecinos que hizo uso de la palabra durante la sesión y pidió que no se demolieran las casas.
La auditoría interna dejó claro que ahora todo está en manos del alcalde quien tiene la obligación ordenar la demolición de las construcciones ilegales de las viviendas.
