El director OIJ, Walter Espinoza, explicó que la investigación la dirige la Fiscalía y la Policía Judicial brinda «apoyo, soporte, orientación y consejo». Hay 250 agentes desplegados en los 10 allanamientos efectuados por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Espinoza explicó que los agentes judiciales buscan evidencias en todos los sitios.
El OIJ cuenta con oficiales que se especializan en trabajos de investigación relacionados con informática.
El jefe policial comentó que una unidad de reciente creación en el OIJ tiene a cargo el trabajo conjunto con la Fiscalía.
La UPAD fue creada mediante un decreto se firmó en octubre y se publicó en La Gaceta el 17 de febrero, sin embargo fue hasta el viernes 21 de febrero que inició un fuerte debate, seguido de polémica y cuestionamientos. Ese mismo día el decreto fue derogado.
El documento generó una tormenta política debido a algunas disposiciones que contenía. Estos son algunos de los fragmentos:
«Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado.
«Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos».
Ciudadanos, diputados y otros actores políticos consideraron que la UPAD era una mecanismo para acceder a información sensible y confidencial de los habitantes con fines que no estaban claros.
