El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) inició un proceso administrativo con el fin de analizar el contrato de licitación para la compra de compra de 1.300 armas de fuego de la Fuerza Pública con un monto ¢1.060 millones. Imagen de Columbia con fines ilustrativos.
La Dirección General de la Policía recibió una denuncia en la que se hizo referencia a una supuesta irregularidad en el proceso.
“La empresa contratada presentó datos de certificación que deben ser analizados a profundidad. Dichos datos se establecieron como requisitos de admisibilidad en el cartel de licitación y que podrían no cumplir con los requerimientos establecidos”, dice el reporte del MSP.
Para este fin se conformó un Órgano Director que evaluará los datos presentados por la empresa y además se llevará el caso ante el Ministerio Público.
“El viceministro de Seguridad, Randall Vega remitirá el expediente de contratación certificado por El Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para que sea analizado y se determine si existe alguna irregularidad”, agrega el documento.
Ante una consulta de Noticias Columbia, el MSP informó que en este caso “se genera una suspensión de la orden de compra como medida cautelar; hasta que se dicte con firmeza y refrende la resolución final”.
