El Ministerio de Educación (MEP), a través de la Procuraduría General de la República, pidió al Juzgado de Trabajo la declaratoria de ilegalidad de la huelga que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) comenzó este jueves de forma intermitente.
«Cualquier rebajo de salario dependería de la decisión que se tome en esta instancia judicial», informó el MEP mediante un comunicado.
A pesar de que un numeroso grupo de educadores realizó una marcha en San José, la institución reportó que ninguno de los 4.475 centros educativos del país cerró sus instalaciones por el llamado a huelga.
«Se solicitó un reporte de asistencia a las Direcciones Regionales de Educación, que estarán extendiendo sus informes conforme completen la recopilación de los datos», añadió el informe.
APSE convocó a una «huelga intermitente» con el fin de oponerse a varios proyectos de ley, entre ellos el de Empleo Público y otro que declararía la educación como servicio público esencial.
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Este viernes 7 de junio habrá una nueva manifestación. El movimiento no será en días consecutivos por lo que se retomará los martes 11, 18 y 25 de junio.
APSE comunicó que, en caso de que las medidas no surtan efecto, el movimiento continuará después de las vacaciones de medio período con una huelga de una semana.
La organización sindical exige «excluir a la educación como servicio público esencial donde se prohíbe la huelga» del proyecto de ley número 21.097.
También piden que se archive el expediente 21.049, denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos
