Resumen: El caso de Otto Guevara, las declaraciones juradas y el “cementazo”
En esta nota le contamos por qué el exdiputado enfrenta actualmente un juicio en los Tribunales de Goicoechea y cuál es la relación de este proceso con el llamado “cementazo”. Foto: Alejandro Arley.
El contexto
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece, en sus artículos 21 y 22, que los diputados y otros funcionarios públicos de alto rango deben presentar una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR) al inicio de sus funciones, anualmente mientras estén en el cargo y una al final de su período.
Otto Guevara Guth, de 61 años, fue diputado del Movimiento Libertario en el período 2014-2018. La Fiscalía lo acusó de cuatro presuntos delitos de falsedad en sus declaraciones de situación patrimonial.
El Ministerio Público sostiene que Guevara no reportó que era propietario de capital accionario y director de la sociedad AS LAT Trading Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas y creada por una oficina de Hong Kong, China. La empresa, según el exlegislador, se dedicaba a actividades de asesorías y comercio fuera de Costa Rica.
Guevara alega que, cuando asumió el cargo en la Asamblea Legislativa, ya había traspasado sus acciones y por ende no percibía ningún beneficio económico de la sociedad.
La acusación y presunto daño social
El Ministerio Público reseñó que el 21 de junio del 2011, Guevara adquirió 50.000 acciones de AS LAT Trading Corporation. Ese mismo día asumió el puesto de director de la compañía.
“Las acciones están valoradas en un dólar cada una, lo que significa que la totalidad de acciones representa un monto de 50 mil dólares que conforma parte del patrimonio personal del acusado Guevara Guth”, dice la acusación leída por el fiscal José Pablo Miranda (A la derecha en la foto).
“El 19 de mayo del 2014, el diputado Otto Guevara Guth, consciente de las obligaciones legales como diputado de acuerdo con la ley 8422 y de su participación accionaria y su puesto en la sociedad AS LAT Trading Corporation, presentó ante la Contraloría General de la República su declaración jurada inicial en la cual suministró información falsa, toda vez que omitió reportar la participación que ostentaba como dueño del capital accionario y su posición como director de la sociedad mencionada creada en las Islas Vírgenes Británicas”, agregó.
Miranda comentó que esta situación se repitió en las siguientes declaraciones juradas mientras Otto Guevara fue diputado.
Las penas por este tipo de delito van de dos meses a un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
La Procuraduría General de la República (PGR), que funge como actor civil en el proceso, estima el daño social en ¢10 millones, en razón de ¢2,5 millones por cada una de las “omisiones delictivas”, expresó el representante de la entidad Federico Quesada (A la izquierda en la foto).
Relación con el “cementazo”
El exdiputado declaró este martes en el juicio e hizo un extenso relato de hechos que, a su criterio, desembocaron en el proceso penal que enfrenta.
Relató que en diciembre del 2014 envió dos notas al ministro de Economía, Welmer Ramos, señalándole que unos incisos del reglamento de Cementos Hidráulicos impedían la importación de cemento de diferentes países y que “al no haber competencia, los precios eran muy altos”.
Una nota la firmó él y la otra la firmaron cinco diputados de aquel entonces.
Aseguró que Ramos estudiaba esa situación desde tiempo antes y que no se trataba de un tema nuevo para el Ministerio de Economía, sobre todo por gestiones de la Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción y de diferentes diputados desde el año 2006.
Guevara resaltó que a inicios del 2015 se puso a conocimiento de la ciudadanía la modificación al reglamento de Cementos Hidráulicos y que en marzo de ese año se firmó el nuevo decreto “eliminando las barreras legales de entrada”.
“Un anónimo me denuncia en aquel momento por supuesto tráfico de influencias por haber mandado esa nota, yo como miembro de un Supremo Poder a un miembro de otro Supremo Poder como era Welmer Ramos, ministro de Economía», recordó.
Guevara aseguró que no prestó mucha atención a la denuncia hasta que tiempo después, se desató una “tormenta mediática” por el caso conocido como “cementazo” en el que figuraba el empresario Juan Carlos Bolaños quien fue su amigo.
En esta causa se cuestionó la forma en que Bolaños obtuvo créditos en bancos estatales para la importación de cemento chino y otra serie de hechos paralelos.
El exdiputado considera que esa “tormenta mediática” lo arrastró por las gestiones que había realizado en relación con el reglamento de Cementos Hidráulicos. Fue así como se inició la investigación para determinar si hubo tráfico de influencias.
Guevara relató que en noviembre del 2017, la Fiscalía allanó sus oficinas en la Asamblea Legislativa y su casa. Para eso se contó con la autorización de la Sala III de la Corte.
En su vivienda, decomisaron “sobres de estados de cuenta e información del banco HSBC Hong Kong dirigido a Otto Guevara, referido a AS LAT Trading Corporation”.
Guevara considera que la Fiscalía se extralimitó en el decomiso de esos documentos pues el allanamiento se hacía para buscar evidencias relacionadas con el caso del cemento.
Por el presunto tráfico de influencias el caso de Guevara se mantiene en análisis y aún en recopilación de evidencias.
La revisión de las declaraciones
Rafael Picado, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República declaró este martes en el juicio.
Explicó que tras estallar el escándalo por el “cementazo”, la entidad decidió revisar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos mencionados como posibles involucrados en el asunto.
La CGR encontró que Guevara no reportó en sus declaraciones una propiedad inscrita a su nombre desde 1997 y que en la declaración no se mencionaban bienes en el extranjero.
“Se detectaron algunas alertas relacionadas con algunas declaraciones juradas y dado que la Fiscalía tenía una investigación en ese caso se procedió a trasladar como insumo la información para que la Fiscalía lo utilizara en lo que consideraba pertinente en el marco de sus competencias”, manifestó Picado.
De esta forma, el Ministerio Público tenía declaraciones que no reportaban bienes en el exterior pero a la vez había decomisado los estados de cuenta de la sociedad domiciliada en Islas Vírgenes.
Es así como inició el proceso por las supuestas falsedades en los documentos remitidos por el exdiputado durante su período en el Congreso.
La defensa
El argumento central de Otto Guevara es que cuando asumió su cargo como diputado ya no era dueño de acciones de AS LAT Trading Corporation pues, en noviembre del 2013, las había traspasado a su exesposa Nancy Clark Monge, quien es la madre de sus tres hijos.
Reconoció que constituyó la empresa en el 2011 pero dijo que al momento de ejercer como diputado únicamente figuraba como director por decisión de Clark, sin recibir algún tipo de beneficio económico.
“Yo era el que tenía la relación con el bufete en Hong Kong, era básicamente la persona autorizada a firmar en la cuenta corriente que tenía esa empresa en el banco HSBC en Hong Kong”, aseveró.
Considera que no mintió en sus declaraciones pues no poseía bienes fuera del país.
“Soy elegido diputado, viene el tema de la declaración jurada… obviamente no iba a poner que tenía acciones en una sociedad en el extranjero cuando seis meses antes las había traspasado. Por eso sostengo que la Fiscalía está partiendo de una hipótesis equivocada”, añadió.
Guevara dijo que en la cuenta de la sociedad hubo pocos movimientos. En algún momento había poco más de $60.000 y que el monto máximo que llegó a tener fue de aproximadamente $80.000.
Sobre los $50.000 iniciales, el exdiputado contó al fiscal Miranda que el dinero salió de un ahorro, producto de operaciones que realizaba por la venta de servicios fuera del país.
El dinero restante se habría obtenido por las gestiones de AS LAT Trading Corporation que se dedicaba a asesoría y comercio.
Reconoció que no se hizo ningún tipo de declaración en Islas Vírgenes sobre esos movimientos de la sociedad.
Miranda le consultó el motivo por el cual trasladó las acciones a su exesposa a lo que respondió que se debió a que el dinero iba a ser destinado a pagar los estudios superiores de sus hijos cuando estos cumplieran la mayoría de edad.
Noticias Columbia supo que la Fiscalía apunta a que la prueba documental del caso no demuestra con solidez que Guevara en efecto traspasó las acciones y por ello, era accionista de la sociedad mientras fue diputado.
¿Por qué una sociedad en un lugar calificado como paraíso fiscal?
Guevara atendió varias consultas de Noticias Columbia, sin embargo, su abogado Federico Campos aclaró que debido a que el proceso judicial está en desarrollo, el exdiputado no puede referirse con amplitud a los detalles.
Una de las preguntas fue por qué decidió constituir una empresa en Islas Vírgenes Británicas, un sitio que ha sido mencionado en publicaciones periodísticas de medios internacionales como un paraíso fiscal.
Guevara respondió que la sociedad se iba a dedicar a actividades comerciales entre América Latina y Asia. Entonces le recomendaron buscar un bufete en Hong Kong.
“Ellos ofrecían el servicio de constituir sociedades anónimas en ese lugar (Islas Vírgenes Británicas) que era más barato que constituirlas en China”, expresó.
