Abogados del Presidente objetan propuesta aprobada para revisar información de aparatos decomisados por caso UPAD

Este viernes finalizó el proceso de copia o respaldo de la información contenida en computadoras, teléfonos y llaves USB de los implicados en el caso de la UPAD. La Fiscalía propuso un mecanismo para comenzar la revisión, que fue avalada por un juez, pero los defensores del mandatario Carlos Alvarado (en la foto) no están de acuerdo y apelaron. 

Una vez concluida la diligencia de crear lo que se denomina «imagen forense» de los dispositivos, sigue la inspección del OIJ y la Fiscalía.

Se deben revisar los archivos para buscar evidencias relacionadas con la creación y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD),  que es objeto de investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de datos y prevaricato. 

En la causa hay ocho imputados, entre ellos el presidente Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales y exasesores de la UPAD.

El abogado Ewald Acuña, que representa a Morales, explicó que el Ministerio Público hizo una propuesta para la revisión de los archivos que fue avalada por el juez que estuvo estos días en la diligencia.

Esta consiste en que se entregue a cada imputado y sus defensores una copia de los archivos únicamente de sus representados. Deben revisarlos y comunicar cuáles consideran que no tienen relación con la UPAD y por ende, no debían revisarse.

En caso de que hubiese diferencia de criterios entre las partes y la Fiscalía en cuanto a si los datos están relacionados o no con la causa, el juez resolvería. 

La propuesta 

El mecanismo que planteó la Fiscalía se divide en cuatro pasos. 

1. Se pone en conocimiento de cada imputado y su defensa la copia de los registros. También se da acceso al Ministerio Público.

2. Se da a los defensores 15 días para examinar los dispositivos y que indiquen cuáles archivos consideran que deben ser excluidos por no tener relación con la investigación.

3. Esa oposición se pone en conocimiento de todas la partes, entre ellas, los querellantes, la Fiscalía y la Procuraduría. 

4. Finalmente el juez resuelve cuál prueba se admite y cuál no. 

Acuña explicó que varios de los defensores objetaron el mecanismo al considerar que se le da «carta blanca» a la Fiscalía para revisar todo el contenido de los aparatos, sin importar si tiene relación o no con el caso UPAD.

El abogado aclaró que, en representación del exministro Morales, no se opuso a la propuesta que avaló el juez y no se sumó a la apelación.  

Objeción

La defensa del Presidente de la República objetó el planteamiento de la Fiscalía y presentó una apelación que deberá ser resuelta por la Sala III de la corte. 

El abogado, Rodolfo Brenes (derecha en la foto), explicó que hay una discrepancia con el Ministerio Público y la decisión del juez. 

«Se decidió utilizar en este caso un procedimiento que no existe en la legislación, que no se ha aplicado nunca en otro caso y que no ha sido avalado por la jurisprudencia. Se está corriendo un riesgo innecesario al ponernos a inventar o a crear procedimientos en un caso tan sensible. Los procedimientos para análisis de evidencia informática existen desde hace tiempo», explicó Brenes.

La defensa del mandatario considera que el mecanismo que se debe usar para la revisión de los archivos de los imputados se basa en herramientas de software. 

«Lo que se hace es que hay un software forense con el que se hace un barrido o un filtrado de la información que contienen las computadoras (y los otros aparatos) a partir de ciertos criterios o parámetros de búsqueda que fijan la Fiscalía y las partes; en última instancia el juez; y así es como se llega a la información que finalmente se adjunta al expediente», añadió.

Brenes y el codefensor Roger Guevara, han insistido a lo largo del proceso en que los dispositivos del presidente Alvarado contienen información que no se vincula al caso UPAD y puede ser de temas de seguridad nacional, relaciones internacionales o salud pública. Además argumentan que se decomisó el teléfono personal de Alvarado que contiene información familiar que no tiene por qué ser conocida por terceros.

El defensor Brenes dijo que no hay ninguna intención de atrasar el proceso, sin embargo, considera que todos los actos procesales deben hacerse de forma correcta y transparente.

El caso quedará ahora en manos de la Sala III que debe resolver la apelación. 

Estaremos ampliando esta información.