Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que obliga a las instituciones del Estado a vender sus activos ociosos para pagar la deuda pública.
De acuerdo con la ley, se entiende por activo ocioso aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en ubicación y condiciones requeridas para utilizarlo, no genere utilidades, beneficios o rentabilidad alguna, ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido o algún otro que sea en función de su naturaleza.
El independiente Jonathan Prendas, mencionó la importancia del proyecto al país.
Prendas explicó que para ejercer la ley todo debe ser bien fundamentado.
Cada órgano y entidad de la Administración Pública tendrá la obligación de realizar un inventario anual de todos sus bienes muebles e inmuebles y remitir un informe al Ministerio de Hacienda a más tardar el 31 de marzo de cada año.
