Anulación de medidas obliga a nueva audiencia en caso por tráfico de drogas y legitimación de capitales
Se trata del caso en el que se detuvo a 13 personas a inicios de abril, entre ellas, a un empresario de la zona de Corredores de Puntarenas, el presidente del Concejo Municipal de la zona y a dos agentes del OIJ. El diario La Nación informó este jueves que un recurso de apelación prosperó y obligará a que se realice una nueva audiencia.
La imagen es de uno de los allanamientos que se efectuaron de forma simultánea el 6 de abril.
Contra el empresario, de apellido González y otras siete personas se había ordenado prisión preventiva por seis meses. A otros cinco implicados les impusieron monitoreo electrónico. Esas medidas las dictó una jueza penal de Grecia, Alajuela, sede donde se llevaba el caso.
La Nación dio a conocer que el recurso de apelación planteó, entre otros puntos, que la jueza a cargo «pasó distraída buena parte de la audiencia, dándole atención a su teléfono celular».
Los defensores alegaron que la juzgadora no puso atención en momentos importantes de la audiencia y que tuvo falta de concentración, al punto de estar pendiente del teléfono hasta ocho minutos seguidos en al menos una ocasión.
Por esta razón debe realizarse una nueva diligencia en contra de los sospechosos. El Tribunal de apelación dio un plazo de 48 horas una vez que se notificara la decisión.
Noticias Columbia supo que otro de los argumentos de la defensa radica en que el caso no debía verse Grecia y por ende, existe la posibilidad de que la nueva audiencia se realice en una sede judicial distinta.
El caso
La Fiscalía informó que la investigación por este caso data de noviembre del 2018. Vinculan al grupo con el supuesto ingreso de cocaína a Costa Rica, desde la zona sur del país.
«Se sospecha que se transportaba la droga hasta el Pacífico Central, donde la vendían a terceras personas, aún no identificadas, para que, al parecer, estas se encargaran de comercializarla», dice el reporte del Ministerio Público.
«Según la prueba obtenida hasta el momento, los imputados también adquirieron bienes muebles e inmuebles, con el presunto fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente, producto de la venta de drogas», añadió el informe.
