Avanza iniciativa para facilitar votaciones para remover autoridades municipales
En el Congreso avanza un proyecto de ley para facilitar la destitución de alcaldes y vicealcaldes, por medio de la votación popular en un cantón. En el país ya existe esta herramienta, llamada plebiscito revocatorio.
Para tramitar una remoción del puesto a una autoridad municipal, en la actualidad, únicamente una mayoría del Concejo Municipal puede aprobar la convocatoria a una votación.
De quedar en firme el plebiscito, se necesitan dos tercios de los votos para revocar una alcaldía. Eso sí, tendría que votar al menos un 10% de los electores inscritos en el padrón.
El proyecto de ley transforma la legislación para que con una sola firma de un regidor, se pueda presentar una moción para convocar a un plebiscito.
Además, permite que los ciudadanos puedan promover una votación para remover a un alcalde. Con un 5% de firmas del padrón electoral del cantón, se puede conseguir.
También cambia la cantidad de votos requeridos para aprobar una destitución: con mayoría simple, siempre que los votos completen una cifra superior a los conseguidos por el alcalde para ser electo.
La diputada Laura Guido aseguró que la experiencia sucedida en Paraíso de Cartago, demostró la necesidad de actualizar la herramienta de los plebiscitos.
Actualmente, el proceso de votación debe ser organizado por la municipalidad.
El proyecto cambia este aspecto para que sea el Tribunal Supremo de Elecciones quien organice y financie los plebiscitos.
La legisladora proponente asegura que la ley actual fue diseñada para que la aplicación del plebiscito revocatorio de mandato municipal fuese prácticamente imposible.
Además, afirma que la ciudadanía debe contar con un mecanismo efectivo para revocar el mandato de alcaldías y vicealcaldías para ejercer la democracia de forma directa.
Considera que la coyuntura ha demostrado lo indefensa que está la ciudadanía ante graves acciones de las autoridades locales y no se cuenta con herramientas efectivas para debatir y decidir si una alcaldía debe terminar su mandato en el período establecido.
