«Como activista feminista y LGBTIQ, no puedo continuar trabajando de la mano con una administración que en lugar de proteger los derechos humanos los está vulnerando», expresó Margarita Salas a través de su cuenta de Twitter.
Salas dijo que en el proceso de negociación de la ley de Empleo Público, «la actual administración negoció derechos humanos a cambio de votos, permitiendo que se introdujera una peligrosa cláusula de objeción de conciencia que permite que cualquier funcionario público pueda rechazar una capacitación si considera que esta choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas».
«Esto abre una puerta para vulnerar derechos no solo de la población LGBTIQ sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas afro (descendientes), de cualquier población», expresó.
Salas fue nombrada en el cargo por el Presidente Carlos Alvarado en junio del 2020.
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