Conclusiones de juicio: Fiscalía y PGR señalan que Johnny Araya recibió trato preferencial y con irregularidades
Los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) comenzaron este lunes la etapa final del juicio que se sigue contra el alcalde de San José, Johnny Arara, el exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith. El fiscal José Pablo Miranda (al centro) hizo una amplia exposición.
A los imputados los acusaron de un supuesto delito de tráfico de influencias en modalidad agravada por hechos ocurridos a finales del 2015 e inicios del 2016. La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios judiciales aprovecharon sus cargos para conseguir que Araya fuera eliminado de una causa judicial en el sistema informático, previo a las elecciones municipales del 2016.
El Ministerio Público sostiene que Gamboa y Smith influyeron en otros funcionarios, de menor rango, para que Araya, entonces candidato a la alcaldía de San José, obtuviera una certificación en la cual se hacía constar que no figuraba como «imputado», sino únicamente como «denunciado», en un proceso que data del 2012.
La tesis de la Fiscalía y la PGR es que técnicamente, Araya siempre fue imputado en la causa pues con la denuncia en su contra, esa es la denominación que se le asigna a cualquier persona a la que se le atribuye la comisión de un delito.
Al final del proceso se determinó que no había pruebas en contra del político y nunca se le acusó. No obstante, cuestionan que, al momento de los hechos, Araya sacó una ventaja indebida de su contacto con Gamboa obtener la certificación sin que el proceso se hubiera resuelto por completo.
Araya envió ese documento al diario La Nación que para esa fecha preparaba un reportaje acerca de candidatos con procesos judiciales pendientes. De esta forma su nombre no se incluyó en la publicación.
Las conclusiones
La representante de la Procuraduría, Paola Madriz fue la primera en hacer las conclusiones. Ella sostuvo que Johnny Araya recibió «un trato especial» de Gamboa y Smith que culminó con la eliminación de su nombre en el sistema informático.
Madriz expresó que no es correcta la la tesis de la defensa de que Araya solo era solo «denunciado» en la causa del 2012.
La procuradora (a la izquierda) cuestionó las aseveraciones que Araya dio en el juicio en las que mencionó que a inicios del 2016 él no era alcalde ni tenía poder político como para influir en servidores de la Fiscalía.
Agregó que en el 2012, trascendió a la prensa que al alcalde lo habían denunciado pero que su conducta en esa época dista mucho de la que ocurrió en 2016, previo a las elecciones municipales.
Finalmente, expresó que la conducta de los involucrados es reprochable pues son funcionarios públicos llamados al ejercicio de sus cargos con total apego a la ley.
Por esta razón, la PGR solicitó que se condene a Araya al pago de ¢12 millones por daño social y a los exfiscales ¢15 millones cada uno.
Trato preferencial
La fiscala Melissa Quirós coincidió con la PGR en que a la fecha de los hechos, Araya mantenía la condición de imputado pues el caso no se había resuelto. Alegó que el hecho de que posteriormente se determinara que el político no era responsable de los hechos denunciados en 2012, eso no justifica lo ocurrido en enero del 2016 cuando se le sacó del sistema informático para que no figuraba en el proceso.
Quirós hizo ver que a Araya se le trató de forma distinta a cualquier otro usuario del sistema judicial pues tuvo acceso a jefaturas quienes hicieron diligencias para favorecerlo e incluso presionaron para que el trámite fuera ágil.
También dijo que las evidencias señalan que Celso Gamboa y Araya tuvieron contactos telefónicos durante la época de los hechos, situación que confirma el acceso que el político tenía al entonces subjefe del Ministerio Público. Para este fin, mostró los registros de las llamadas en un gráfico.
Recalcó que en su declaración en el juicio Gamboa afirmó que no tenía una relación cercana con Araya y que no tenía su número telefónico.
La fiscala admitió que no se conoce el contenido de las llamadas pero explicó que los registros muestran que el contacto entre los acusados era constante y aumentó durante la época de los hechos denunciados.
El fiscal José Pablo Miranda también apuntó a establecer la forma en la que Celso Gamboa y Berenice Smith se movieron para favorecer a Araya.
Incluso hizo referencia a la declaración que dio Gamboa por los hechos y en la que a su criterio, consta que él tuvo especial interés en ayudar al político y hasta sugerirle cómo proceder cuando Araya se percató de que aparecía como imputado en una causa judicial.
Este martes, la Fiscalía hará la solicitud de pena y posteriormente será el turno de los abogados defensores para que expongan sus argumentos.
