La Comisión para Promover la Competencia, Coprocom acordó ordenar el inicio de una investigación preliminar que involucra a varios agentes económicos del sector de la construcción.
La intención es determinar si efectivamente hubo conductas anticompetitivas sancionables conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y a la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, como se ventila en el caso Cochinilla.
Publicaciones recientes hablan de supuestos acuerdos entre empresas constructoras para repartirse diversas licitaciones públicas, entre otros supuestos hallazgos de la investigación realizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial.
La acción fue comunicada por el presidente de Coprocom, Guillermo Rojas.
Las licitaciones colusorias son acuerdos entre empresas para repartirse contrataciones públicas y tienen como fin obtener mayores ganancias y manipular los procesos de compra pública, que lleva al Estado a pagar precios más altos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE señala que sus países miembros gastan aproximadamente el 12 por ciento de su PIB en adquisiciones públicas, porcentaje mayor en países en desarrollo y que la eliminación de la manipulación de licitaciones podría ayudar a reducir los precios de adquisición en un 20 por ciento o más.
