El tribunal del arbitraje internacional iniciado en 2014 contra Costa Rica, por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. (Infinito) declaró que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización al inversionista por el caso Crucitas.
El caso fue elevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por Infinito que reclamaba cerca de 400 millones de dólares.
La empresa se basó en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, cuando se le canceló la concesión del proyecto minero “Crucitas” a la empresa.
El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano califica el caso de arbitraje como muy complejo pero asegura que la resolución es un ejemplo de seguridad jurídica.
En su fallo, el tribunal determinó que Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
Además, consideró como legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como objetivo soberano para proteger el medio ambiente aunque señaló que al tomar esa decisión, debía considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación.
Los altos jueces agregaron que al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas pero que como Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.
