Defensa de Johnny Araya pide absolutoria en juicio por tráfico de influencias: «Es inocente»

Uno de los abogados del alcalde de San José, aseguró que su representado no participó de ningún tráfico de influencias como acusa la Fiscalía. Expresó que Johnny Araya «no ha cometido el delito que se le implica» y que eso «está claro más allá de la duda razonable».

«Que se declare a don Jonny absuelto de toda pena y responsabilidad en el presente proceso. Además solicitamos que se haga por el grado de certeza absoluta de que él no incurrió en ningún delito en este caso y que por tanto es su derecho constitucional a ser absuelto en grado de certeza», añadió durante las conclusiones de este miércoles en los Tribunales de Goicoechea.

«Don Johnny es inocente. Esta sólidamente fundada la petición», dijo Rivero. 

El caso

La Fiscalía acusó al político junto con el exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith. Sostiene que los exfuncionarios judiciales, hicieron diligencias para favorecer a Araya y lograr que su nombre se eliminara del sistema informático en una causa judicial que no se había resuelto y se remontaba al año 2012. 

Esto sucedió a finales del 2015 e inicios del 2016, previo a las elecciones municipales. 

El caso se originó luego de que el diario La Nación contactara a Araya para informarle que iba a publicar un reportaje en el se mencionaba a los candidatos a las alcaldías que para esa época contaban con procesos judiciales pendientes. 

El diario obtuvo información de la oficina de prensa del Ministerio Público, que consignó a Araya como imputado en un expediente del 2012; se trata de una proceso por supuesto uso irregular de recursos públicos en unas capacitaciones para líderes.

Araya dijo a La Nación que él no era imputado en la causa y que procedería a acreditar esa situación. 

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Celso Gamboa asesoró a Araya para que enviara una carta a Smith en la que pidiera una certificación. Luego, los funcionarios judiciales supuestamente influyeron en otra fiscala para que hiciera el documento para el político. 

Finalmente, Araya obtuvo la certificación en la cual constaba que figuraba solo como «denunciado» en el expediente del 2012 y no como imputado. Esa nota la envió a La Nación, medio que optó por no incluirlo en el reportaje previo a las elecciones.  

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La defensa 

El abogado Rivero explicó que Araya tenía razón cuando argumentó a La Nación que él no era imputado en ninguna causa judicial. Por ende, el reporte que prensa de la Fiscalía dio inicialmente al periódico iba a afectar injustamente su imagen si llegaba a publicarse. 

Alegó además que el político nunca solicitó ser «borrado» del expediente ni participó de irregularidades. Comentó que únicamente envió una nota a la Fiscalía para que se aclarara su condición, derecho que tiene cualquier ciudadano.

El defensor aseveró que la denuncia del 2012 contra Johnny Araya fue retirada y que incluso hay informes del OIJ y la misma Fiscalía que hacen constar que no existían pruebas de que hubiese participado de alguna anomalía en el caso de las capacitaciones. 

Resaltó que el OIJ entrevistó Araya en calidad de testigo y no como uno de los sospechosos del delito. 

Rivero mostró como prueba al Tribunal dos carátulas del expediente del 2012 en las cuales se mostraba el nombre de los imputados, entre los cuales no estaba Araya.

Rivero reconoció que Araya fue denunciado por estos hechos, pero explicó que, a diferencia del criterio fiscal, al político no se le podía considerar imputado puesto que nunca se le indagó, es decir, no fue citado a la Fiscalía para que formalmente se le pusiera en conocimiento de los hechos.  

Para el Ministerio Público, en este juicio, cualquier persona a la que se le atribuya la posible comisión de un delito, pasa a ser imputada, de manera que le asisten todos los derechos como el acceso a la defensa. Por eso no se hace diferencia entre «denunciado», «investigado» o «imputado». 

El abogado expresó que, consciente de que ya no había denuncia, Araya consideró que estaba en su derecho de pedir a la Fiscalía una certificación y con esto evitar que se le presentara en un medio periodístico como sospechoso de un hecho en el cual no tenía participación. 

En cuanto a la nota o certificación que recibió de la fiscala Natalia Rojas y que posteriormente fue enviada a La Nación, Rivero aseguró que el contenido se apega a la realidad pues Araya no era imputado.

En noviembre del año 2017, La Nación publicó una nota en la que revelaba los sucedido previo a las elecciones del 2016 cuando se disponían a publicar el reportaje de los candidatos a alcalde. El titular fue: «Fiscalía Anticorrupción borró a Johnny Araya de causa judicial». 

Rivero asegura que ese enunciado es incorrecto puesto que Araya siempre estuvo en el expediente físico y que el caso de 2012 continuó su curso normal hasta que se solicitó una desestimación en contra del alcalde debido a que no existían evidencias para vincularlo con los hechos denunciados.  

 

El abogado también cuestionó la versión de que Araya fuera beneficiado por acciones irregulares de los exfiscales Smith y Gamboa. La fiscala Natalia Gamboa, quien firmó la certificación para Araya declaró que fue presionada por sus superiores y que además no le pidieron criterio para hacer el documento. 

Rivero dijo que la Fiscalía en el juicio ha tratado de hacer ver que hay «tráfico de influencias» en el hecho de que dos superiores jerárquicos emitieran directrices, cuando esto debería considerarse como parte de los roles que cada uno tiene. 

 

De igual forma, indicó que Araya se limitó a enviar una solicitud y que no giró una «orden» o instrucciones para los términos de la respuesta que recibió. Incluso, en el juicio el alcalde declaró que el oficio de Natalia Rojas no era la que esperaba, puesto que él estaba seguro de que la denuncia en su contra fue retirada. Aún así, apareció como «denunciado» en el expediente.

La defensa hizo énfasis en que la respuesta de la fiscala Rojas a esta nota de Araya decía que se iba a actualizar el sistema informático y no que su nombre se fuera a suprimir. 

 «Consciencia tranquila»

Este martes, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión contra Araya, Smith y Gamboa, sin embargo, manifestó anuencia a que la pena se sustituya por otra no les prive de libertad, tal es el caso del uso de tobillera electrónica; esto siempre y cuando se cumplan los requisitos y el Tribunal considera que es procedente.

Araya dijo que no se oba a referir al pedido pero comentó que las conclusiones de sus abogados reforzarán el hecho de que él no debía estar siendo enjuiciado.