Un informe de la Defensoría de los Habitantes concluyó que a partir del uso del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), la Unidad de Análisis de Datos sí tuvo acceso a datos sensibles.
De acuerdo con la Defensoría estos datos se obtuvieron a través de convenios que autorizaban conexión directa a las mencionadas bases.
Asimismo, considera que se deben dejar sin efecto los convenios suscritos entre la Presidencia de la República y las instituciones a las que se les requirió información.
Sobre el análisis del decreto indicó que es contrario al ordenamiento jurídico, careció de estudios técnicos y de consulta experta en materia de protección de datos.
La defensora de los habitantes Catalina Crespo visitó Casa Presidencial el lunes para conocer detalles sobre la UPAD.
