Doctor Arias explica que sospechosos de estafa no tienen injerencia en el Santos: »Ha sido un simple patrocinio»
Tras la detención de sospechosos de usar dinero de estafas en negocios y patrocinios de equipos de fútbol del Caribe, el presidente del Santos de Guápiles explicó cuál es la relación con el conglomerado empresarial investigado.
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«Es mi deber rendir cuentas ante la opinión pública, a la Federación Costarricense de Fútbol y al Comité de Licencias», manifestó el doctor Rafael Arias a Columbia Deportiva,
Arias explicó cuál es la relación de Santos con Gloria del Atlántico, que se conoce con el nombre comercial de Lux y ha fungido como patrocinadora del Santos.
El presidente dio a conocer que el personero de dicho conglomerado «me dijo que quería ayudar al Santos, que Santos levantara y que quería meter patrocinio».
«Ante la crisis que de patrocinadores, que son muy pocos, a uno le suena bien, porque no dependemos de taquillas», amplió.
«Hicimos un contrato de patrocinio que se lo aporté a la federación y a licencias», abundó Arias.
El presidente del Santos recalcó una y otra vez que Lux es un patrocinador normal, como cualquier otro, sin implicación alguna en la administración del club ni en contrataciones ni en nada.
Incluso dijo que el pago no ha sido constante todo el tiempo.
«Vino marzo, la pandemia, y nos suspendieron los patrocinios porque no tenían actividad comercial. Suspendido hasta junio», aportó.
A mediados de año «se conversó con ellos para que en camisetas no fuera el nombre y quitar las vallas, pero nos dijeron que les aceptábamos un 40% de lo que nos estaban dando, nos podían seguir ayudando y que quizás en 2021 ya se normalizaba».
«Solo nos pagaron setiembre y octubre. Ya noviembre ni diciembre nos pagaron, nos dijo que tenían problemas con unos proveedores pero que tal vez en enero nos podía pagar y entonces sucedió lo que sucedió», finalizó Arias.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía desplegaron allanamientos simultáneos en Cariari, Guápiles y Santa Ana (en la foto). En este último punto detuvieron a un hombre y una mujer de apellidos Gutiérrez Víctor y Rodríguez Rodríguez, objetivos principales del caso.
La Policía Judicial confirmó la detención en Guápiles de un hombre de apellidos Víctor Garro. Está pendiente el arresto de tres personas más.
El director del OIJ, Walter Espinoza, dijo que se trata de un caso de lavado de dinero. Las investigaciones refieren que hubo millonarias estafas o desfalcos a entidades bancarias y empresas privadas dedicadas a la venta de insumos médicos.
Para aparentar que el origen de los fondos era lícito, los sospechosos comenzaron a hacer movimientos a través de sociedades anónimas, así como inversiones en negocios y adquisición de al menos 15 propiedades y 34 carros, muchos de ellos de alto valor económico.
Un reporte de la Fiscalía da cuenta de que el presunto líder es el sujeto apellidado Gutiérrez Víctor, quien habría comenzado la actividad ilícita desde el 2016.
«Se cree que ese año, el sujeto habría estafado al Banco Popular, luego de que pidiera un préstamo con documentos que serían falsos. En apariencia, tras la actuación del imputado, este logró recibir 15 millones de colones» dice el informe.
Al año siguiente, se presume que ideó un plan para estafar una compañía dedicada a la venta de insumos médicos, para la cual laboraba. De esa forma habría obtenido $27.900.
Pero la mayor cantidad de ingresos provinieron de otra fuente. Se presume que el sospechoso tenía a cargo el manejo, la administración y el cuido de los bienes que pertenecen a una empresa también dedicada a la venta de dispositivos médicos.
«Presuntamente, el imputado aprovechó su puesto para variar los gastos y, en apariencia, logró desviar los dineros de esta compañía, lo que habría causado un perjuicio económico de casi $7.500.000» (¢4.530 millones al tipo de cambio actual).
El Ministerio Público sostiene que, a partir de esas estafas, el imputado entró en posesión de terrenos, condominios, sodas, aproximadamente 30 carros, un lavacar y una casa de empeños.
«Para conseguir estos beneficios, se cree que los otros detenidos tenían la función de testaferros, así que ponían las propiedades a sus nombres, con el fin de evitar sospechas», agrega.
