Dos intentos para regular eutanasia en el país han fracaso en los últimos 6 años
En la entrega anterior, abordamos cómo es posible implementar en Costa Rica la práctica de la eutanasia mediante la creación de una nueva ley, que contemple una lectura adecuada de los derechos humanos y rigurosidad para no dejar portillos abiertos. Pero, ¿a nivel político y social es viable incorporar la muerte asistida en nuestro país? (Imagen con fines ilustrativos)
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En el 2014, los exdiputados liberacionistas Antonio Álvarez Desanti y Carlos Manuel Arguedas, presentaron un proyecto de ley sobre este tema, que no prosperó en la Asamblea Legislativa.
En la legislatura actual, fue la ahora congresista independiente, Paola Vega, que retomó en mismo texto para intentar incorporar la eutanasia en suelo nacional.
El proyecto fue presentado en mayo del 2019 y desde junio de ese mismo año, estuvo en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
Durante el trámite se recibiron casi 35 criterios de entidades diferentes, sobre la posibilidad de legislar en torno a la eutanasia.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, la Procuraduría General, organizaciones relacionadas a cuidados paliativos y colegios de profesionales en salud fueron consultados.
Centros médicos, la Defensoría de los Habitantes, la Organización Mundial de la Salud, programas interuniversitarios de bioética y la Corte Suprema de Justicia también emitieron sus diferentes posiciones sobre los fallecimientos asistidos.
Desde que se presentó, el expediente no contó con mucho apoyo dentro del Congreso. La diputada independiente, afín a Nueva República, Nidia Céspedes, presentó en su momento alrededor de 200 mociones para frenar la discusión de la iniciativa.
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Pese a estar dos años en la corriente legislativa, al final de todo el proceso el proyecto fue archivado por la comisión de Derechos Humanos, el pasado 21 de septiembre.
Tanto dentro como fuera del Poder Legislativo, diversos grupos religiosos se han manifestado en contra de reconocer la eutanasia como un derecho.
La a Iglesia Católica en Costa Rica, se ha expresado rotundamente en contra de implementar la eutanasia en Costa Rica.
La doctora Janice Sandí, vocera de la comisión bioética de la Conferencia Episcopal lo confirma.
La legisladora Paola Vega, proponente del proyecto de ley sobre muerte digna y eutanasia, reconoció que el texto presentado requería precisarse más y realizar mejoras para hacerlo viable.
No obstante, la diputada considera que todavía no existe un clima político adecuado, ni disposición de algunos sectores, para debatir sobre la posibilidad de regular la muerte asistida en casos de pacientes terminales.
Vega afirmó que si la próxima Asamblea Legislativa es de mayoría conservadora, será difícil reconocer la eutanasia en el país durante los cuatro próximos años.
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