El Gobierno boliviano cuestiona la liberación del asesino de un líder político
La Paz, 17 feb (EFE).- El Gobierno boliviano cuestionó la liberación del asesino de un emblemático dirigente y político desaparecido durante la dictadura en 1980, lo que se suma a sendas denuncias contra varios jueces que han otorgado beneficios a feminicidas y asesinos condenados a 30 años de prisión.
En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, informó este jueves que Felipe Froilán Molina Bustamante, conocido como «Killer», asesino del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, consiguió su libertad gracias a «algunas argucias y chicanerías jurídicas».
«Si esta persona ha sido beneficiada de manera irregular por la justicia por algún acto irregular de la justicia tendrá que volver nuevamente a la cárcel», dijo el ministro.
Por su parte, la familia de Quiroga Santa Cruz calificó la liberación como «inadmisible» y una «afrenta» a las víctimas de las dictaduras, puesto que el Estado boliviano «inclumple con la obligación de sancionar a los responsables» del asesinato.
El hecho involucra al juez Abraham A.R. que el 20 de febrero de 2020 otorgó al «Killer» un año de detención domiciliaria «sin que el reo haya sido restituido al penal», según un comunicado de la familia.
En el pronunciamiento también se menciona que antes Molina Bustamante recibió un «trato preferencial» ya que tres años después de su condena en 2010 recién se emitió la orden de captura y tras mucha insistencia, en 2016, se logró que comience a cumplir su condena.
«¿Cómo es posible que ahora se le dé prisión domiciliaria? ¿Cómo es posible que no se respete un fallo del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) que establece 30 años sin derecho a indulto al asesinato de personalidades de la talla histórica de Marcelo Quiroga Santa Cruz?», cuestionó este jueves el historiador, expresidente y jefe de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
ANTECEDENTES E IRREGULARIDADES
Molina Bustamante fue un paramilitar ligado a las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) partícipe en la intervención al edificio de la Central Obrera Boliviana, que derivó en la muerte y desaparición de Quiroga Santa Cruz.
Los restos de Quiroga Santa Cruz jamás se hallaron y su figura ha sido un estandarte de la democracia y los ideales izquierdistas, inclusive su nombre es citado frecuentemente en los discursos del presidente boliviano, Luis Arce.
Este hecho se suma a los escándalos judiciales que salieron a la luz tras la captura de un feminicida y asesino serial al que un juez liberó a pesar de tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Ante esto, el Gobierno conformó una comisión integrada por varios ministerios e instituciones de derechos humanos para identificar los casos en los que los operadores de justicia han liberado a presos condenados.
Tras esto se han detenido a varios jueces acusados por prevaricato y se han desarrollado operativos para recapturar a los delincuentes con sentencia, entre los que se identificaron a feminicidas, infanticidas y narcotraficantes.
La crisis de la justicia es un problema de larga data que el Gobierno boliviano se ha comprometido a solucionar mediante una reforma que el año pasado tuvo dos intentos sin que todavía se consigan resultados.
