Emilia Navas defiende propuesta de Fiscalía para revisar teléfonos y computadoras en caso UPAD
Abogados que participan en el proceso informaron que la propuesta del Ministerio Público, aprobada inicialmente por un juez, es revisar el contenido completo de los dispositivos. La defensa del Presidente Carlos Alvarado objetó el procedimiento y solicita que se usen criterios de búsqueda mediante software para decidir cuáles archivos se abren. Foto: Columbia.
En el caso hay ocho imputados, entre ellos el mandatario y exministro de la Presidencia, Víctor Morales. Los abogados de Alvarado acudieron ante la Sala III. Uno de ellos, Roger Guevara, dijo este jueves que aún no se ha resuelto la apelación.
La fiscala general, Emilia Navas dijo que «en cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las partes imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio físico o digital sin ser revisado».
«El protocolo propuesto en el caso UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos); aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre el derecho a la intimidad y los fines procesales», añadió.
La propuesta
En una entrevista, en enero pasado, el abogado Ewald Acuña, defensor del exministro Morales, describió la propuesta de la Fiscalía para revisar la información de los celulares, computadoras y llaves USB de los implicados en el caso UPAD.
1. Se pone en conocimiento de cada imputado y su defensa la copia de los registros. También se da acceso al Ministerio Público. A los abogados se les permite ver únicamente los archivos de sus representados y no los de los demás.
2. Se da a los defensores 15 días para examinar los dispositivos y que indiquen cuáles archivos consideran que deben ser excluidos por no tener relación con la investigación.
3. Esa oposición se pone en conocimiento de todas la partes, entre ellas, los querellantes, la Fiscalía y la Procuraduría.
4. Finalmente el juez resuelve cuál prueba se admite y cuál no.
¿Por qué se oponen?
Guevara y el codefensor, Rodolfo Brenes, han insistido a lo largo del proceso, en que los dispositivos del presidente Alvarado contienen información que no se vincula al caso UPAD y puede ser de temas de seguridad nacional, relaciones internacionales o salud pública. Argumentan que se decomisó el teléfono personal de Alvarado que contiene información familiar que no tiene por qué ser conocida por terceros.
En enero pasado, Brenes dijo a Columbia cuál es el procedimiento que consideran correcto:
«Lo que se hace es que hay un software forense con el que se hace un barrido o un filtrado de la información que contienen las computadoras (y los otros aparatos) a partir de ciertos criterios o parámetros de búsqueda que fijan la Fiscalía y las partes; en última instancia el juez; y así es como se llega a la información que finalmente se adjunta al expediente», manifestó.
«Se decidió utilizar en este caso un procedimiento que no existe en la legislación, que no se ha aplicado nunca en otro caso y que no ha sido avalado por la jurisprudencia. Se está corriendo un riesgo innecesario al ponernos a inventar o a crear procedimientos en un caso tan sensible. Los procedimientos para análisis de evidencia informática existen desde hace tiempo», explicó Brenes.
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Defiende proceder
Este jueves, Emilia Navas, se refirió al caso de la UPAD. Expresó que quiere «garantizar a la población que la investigación que dirigimos se realiza en total apego a la ley y respetando los derechos de todas las partes».
También se refirió a la investigación que se abrió por la supuesta filtración de la clave de uno de los celulares del presidente Carlos Alvarado.
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