Exdirector de Servicio Civil: Propuesta actual de Thompson y Muñoz no resolvería situación del empleo público
El plan de empleo público que han propuesto los diputados Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional (PLN), más bien podrían aumentar el gasto público, según el politólogo y experto en función pública.
Foto: Asamblea Legislativa. Diputados Pedro Muñoz (PUSC) y Roberto Thompson (PLN) en conferencia del prensa el 12 de noviembre del 2020.
En el programa Hablando Claro con Vilma Ibarra, el exdirector del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas indicó que el proyecto permitiría a ciertos empleados públicos ajustar sus salarios para arriba con el fin de equipararse al monto que se paga en otras instituciones.
“Lo fundamental de ahí es regular el asunto salarial. Establecer un salario único. Pero a nadie se le puede ocurrir que, en una crisis como la que tenemos hoy en día, ya sea el proyecto de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación) o el proyecto de los diputados, los dos permiten, de formas diferentes, que los empleados actuales se integren en el salario único ¿cuál fue la salida rarísima? resulta que el que gane menos tiene derecho a ajustarse al salario más alto”, expresó.
En una conferencia de prensa del 12 de noviembre, los diputados Thompson y Muñoz aparecieron juntos para presentar una propuesta alternativa a la del Poder Ejecutivo. Thompson criticó la versión del gobierno como «un texto que presenta serias deficiencias» y Muñoz describió la alternativa que presentaron los diputados como un texto «equilibrado, viable y valioso».
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Arguedas, quien también es politólogo y especialista en recursos humanos, criticó que el proyecto no necesariamente ha mejorado desde su primera versión y que el impacto sobre la finanzas públicas depende de la versión final que se busque aprobar.
«A partir de la versión cinco, integraron en los principios generales que aparecen en la ley, un inciso que dice que se considera como principio general de negociación en el sector público las convenciones colectivas», explicó.
«Aunque, siempre se dice que las convenciones colectivas son contrarias al principio estatutario que establece el 191 y 192 de la Constitución Política. Además el artículo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que regula las convenciones colectivas, el Articulo 6, expresamente dice que eso no es para funcionarios públicos», agregó.
En el «Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva» de 1949 de la OIT se establece en el Artículo 6 que: «El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.»
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Arguedas también apuntó a la fragilidad política que enfrentaría el proyecto que logre avanzar en la corriente legislativa. Por cuanto, este necesitaría de 38 votos para aprobarse en lo que sería un año preelectoral.
«Vea usted que la división que se está generando en la Asamblea legislativa haría peligrar que se obtengan 38 votos. Precisamente porque ya hay algunos con aspiraciones políticas, y compromisos, y lobbies y toda esta cuestión. Si no obtiene 38 votos, la Corte ha dicho que no los cubre a ellos,» explicó. «Y después, como ha sucedido en el pasado, vendrán las sentencias por discriminación. ¿Si a ustedes no los incluye, por qué sí nos va a incluir a nosotros?»
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Arguedas también fue crítico de los procesos en los nombramientos para puestos interinos de la Asamblea Legislativa. Esto porque se presta para una situación de «puerta giratoria» en la que un diputado sale de su cargo al terminarse su periodo constitucional pero luego podría regresar como asesor.
«La gente ingresa interina y una vez que está interina se legitima su nombramiento a través de un concurso interino donde no participa gente de afuera. Y le voy a decir algo más, ¿dónde se manifiesta con más claridad ese sistema? en la propia Asamblea Legislativa. Les pregunto, ¿ustedes recuerdan algún concurso público, abierto, publicado en un medio de comunicación en la Asamblea Legislativa?»
Para el experto, las disparidades entre regímenes salariales que han surgido en la institucionalidad costarricense se remontan al año 1953. Es decir, décadas antes de que existiera una Sala Constitucional que pudiera haberse pronunciado sobre el Artículo 191.
Este establece que: «Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.»
Arguedas detalló que al promulgarse el «Reglamento del Estatuto de Servicio Civil» en la década de los año cincuenta se «le quitó» la palabra ‘Estado’ y se le puso ‘Poder Ejecutivo’.
En el informe económico emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Costa Rica, se detalla que existen al menos 260 pluses en el sector público y que el gobierno gasta el 50% de sus ingresos totales en remuneraciones. Muy por encima del promedio de otros países miembros cuyo gasto ronda el 25%.
Puede ver el análisis completo del exdirector del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, en el programa Hablando Claro con Vilma Ibarra en el siguiente enlace:
