Exfiscal General arremetió contra Ministerio Público en juicio de Araya, Gamboa y Smith
Francisco Dall’Anese, abogado defensor de la exfiscala de Probidad, Berenice Smith, aseguró que el Ministerio Público llevó al juicio testigos que mintieron, intentó «manipular» al Tribunal y acusó sin fundamentos a los imputados de un supuesto tráfico de influencias.
Las manifestaciones las hizo este viernes durante la etapa de conclusiones del debate que se realiza en los Tribunales de Goicoechea. En el proceso se juzga al alcade de San José, Johnny Araya, al exmagistrado y exfiscal, Celso Gamboa por un presunto delito de tráfico de influencias en modalidad agravada.
«Podemos entender que el Ministerio Público se pueda equivocar en un procedimiento. Lo que nunca podemos entender es que ofrezca testigos falsos», expresó.
Durante su argumentación Dall’Anese dijo que una fiscal de apellido Rojas, un fiscal y una funcionaria de prensa del Ministerio Público, de apellido Rojas, no dijeron la verdad en sus declaraciones para así protegerse y sumarse a conveniencia a la tesis fiscal.
Incluso, el abogado pidió que se ordene el «testimonio de piezas» contra ellas, es decir que se abra de oficio una causa por falso testimonio. También incluyó a otro fiscal de apellido Cubillo.
Alegó que, con base en esos testigos que no son confiables, el Ministerio Público pretende acreditar que Smith y Gamboa favorecieron a Johnny Araya para que su nombre fuera eliminado del sistema informático y así no aparecer como imputado en una causa judicial del 2012.
La defensa sostiene que Araya dijo la verdad pues no era imputado en la causa e incluso la denuncia en su contra fue retirada. Esto le daba derecho, según el abogado, a pedir a la Fiscalía que certificara esa condición.
Dall’Anese aseguró que, sin ser necesario, tres testigos de la causa, una periodista y dos funcionarias del Ministerio Público acudieron a la sala de juicio en compañía de personal de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos.
A su criterio, esto se trató de una estrategia para impresionar al Tribunal, al público y la prensa que acudió al debate.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el hecho de que el fiscal José Pablo Miranda, previo a solicitar la pena contras los imputados, hizo referencia a la condición económica que ostenta el alcalde de San José.
Nada irregular
El abogado y exfiscal general de la República, insistió en que los acusados cometieron tráfico de influencias.
Según la acusación de la Fiscalía, Gamboa y Smith habrían hecho gestiones para favorecer a Araya, de manera que su nombre no apareciera como imputado en la causa del 2012 cuando sí lo era, puesto que el expediente no se había resuelto.
Para ello, presuntamente Gamboa asesoró a Araya con el fin de que enviara una nota a la Fiscalía de Probidad con la cual certificar que su condición no era de imputado.
Posteriormente, la pieza acusatoria indica que Gamboa y Smith ordenaron a la fiscal Rojas que respondiera a Araya en los términos que le dijeran. La nota decía que él solo era «denunciado» y que se iba a proceder a actualizar el sistema informático.
Este oficio fue entregado al diario La Nación, debido a que la oficina de prensa del Ministerio Público había informado al medio que el político era imputado en un proceso y ese dato se iba a publicar en un reportaje previo a las elecciones municipales.
Con la nota en mano, firmada por la fiscal Rojas, el periódico decidió no incluir a Araya en la publicación.
En el juicio, Rojas manifestó que fue presionada a hacer la nota y que la envió porque era una orden de sus superiores, pero que nunca le pidieron criterio al respecto. Dijo que no denunció la situación porque se limitó a seguir las directrices y que en ese instante no hizo alguna valoración de si los hechos eran o no anómalos.
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Dall’Anese insistió en que la Fiscalía ha puesto como tráfico de influencias tareas que eran propias del cargo de Gamboa y Smith. Considera que Rojas tenía varado el caso y por eso Johnny Araya seguía consignándose en el sistema como imputado cuando la investigación determinó que no había pruebas en su contra y que incluso pasó a ser testigo en el proceso.
El defensor de Smith argumentó que los superiores de Rojas, por la estructura jerárquica del Ministerio Público, tenían la potestad de ordenarla esa tarea.
La posición de la defensa es que Gamboa y Smith nunca pidieron que Araya fuese «borrado» del sistema. De hecho la nota firmada por Rojas dice que se procederá a actualizarlo.
De esta forma, atribuyen a Rojas la decisión de que el nombre se eliminara. Incluso un coordinador judicial declaró en el juicio que eso ocurrió con el visto bueno de la fiscala.
No obstante, Dall’Anese comentó que no era correcto decir que Araya fue borrado de un expediente judicial puesto que siguió figurando en la documentación física y el proceso lo incluyó hasta que se solicitó una desestimación.
El abogado y el codefensor, Federico Campos, solicitaron que se absuelva a Smith de toda pena y responsabilidad en grado de certeza y no por duda razonable. Añadieron que este caso causó un perjuicio a la exfuncionaria pues perdió su trabajo y su salud se vio quebrantada.
A través de una anécdota, Dall’Anese indicó que Smith era una fiscala valiente e íntegra.
Relató que ella laboró con él en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Aproximadamente en el 2012, trabajaban un caso de alto riesgo en el cual se iba a desarticular un grupo que producía y traficaba anfetaminas.
La información con la que se contaba en ese momento indicaba que entre los posibles detenidos estaba Joaquín «el Chapo» Guzmán. Dall’Anese dijo al equipo de investigación que sus vidas podían correr peligro, sin embargo, Smith se mantuvo.
Consultado por Noticias Columbia, Dall’Anese dijo que al final se corroboró que el «Chapo» no estaba en los lugares del operativo.
