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Fechas clave del caso UPAD

A 18 días de cumplir un año del histórico allanamiento por parte del Ministerio Público a Casa Presidencial por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) estos han sido los principales acontecimientos.

Recordemos que esta unidad fue creada por decreto, en octubre del 2019, para acceder a datos confidenciales de los costarricenses, pero no fue hasta el 21 de febrero del 2020 cuando el medio de CrHoy dio a conocer este hecho.

Luego de varios cuestionamientos, el mismo 21 de febrero, la Presidencia de la República informó sobre la derogatoria de este decreto. Estas fueron las declaraciones brindadas por la entonces ministra de Comunicación, Nancy Marín.

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Para el 26 de febrero, ya el Plenario Legislativo había conformado una comisión investigadora, que tenía un plazo de dos meses para dicha indagación.

Los diputados que la conforman son Silvia Hernández (presidenta) y Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional, Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, Floria Segreda, Partido Restauración Nacional, Carolina Hidalgo, por parte de Acción Ciudadana, Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República y Dragos Dolanescu, del partido Republicano Social Cristiano.

Dos días más tarde, el 28 de febrero, la Fiscalía General de la República ordenó 10 allanamientos relacionados con delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Esta fue la reacción de Casa Presidencial, dada por el despacho de Comunicación en voz de la ministra de Comunicación, Nancy Marín.

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Ocho personas investigadas, entre ellas, el presidente Carlos Alvarado, el ex ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y el ex ministro de Planificación, Daniel Soto Castro. Además, de los asesores del Ejecutivo, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Luis Salazar y la ex jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas.

El asesor de Casa Presidencial, Luis Salazar, renunció a su cargo ese mismo día, último jueves del mes de febrero del 2020.

Según Víctor Morales, ministro de la Presidencia de ese entonces, Salazar fue uno de los responsables de redactar el decreto de la UPAD.

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Así iniciaba su anuncio de renuncia del entonces ministro de Presidencia, Víctor Morales, el 4 de marzo. Aludiendo que esta investigación podría entorpecer sus funciones y su comunicación con el Poder Legislativo.

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Un día antes, el 3 de marzo, también Daniel Soto Castro, el entonces viceministro de Planificación, presentó su renuncia ante el Ejecutivo.

Por otro lado, para el 12 de marzo ya los asesores presidenciales estaban fuera de sus puestos. Luis Salazar y Diego Fernández habían dimitido de su puesto, mientras que Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos fueron despedidos por el Ejecutivo con responsabilidad patronal.

En medio de los primeros casos del Covid-19 en nuestro país, el 16 de marzo, la Comisión investigadora de la UPAD debió suspender las audiencias y sesiones. Recordemos que antes de esto, la comisión solo tenía 2 meses para concluir la indagación y brindar un informe.

El pasado 26 de mayo los diputados acordaron ampliar por seis meses el plazo para la comisión investigadora y reinició labores en junio.

Recordemos que la cita entre los diputados y el presidente Alvarado, para su comparecencia acerca la UPAD, se dio a conocer el 9 de diciembre pasado.

Además, de que el Ejecutivo fue insistente en hacer la comparecencia en Casa Presidencial o hasta en el Estadio Nacional, pero no en el Plenario, porque según su parecer este interrogatorio es inconstitucional.

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Por su lado, los diputados se mantuvieron firmes para que la comparecencia sea en el Plenario.

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