Fiscal general a.i. sobre inhibitoria en caso Cochinilla: “Hay situaciones con familiares que no son de mi control”
Warner Molina Ruiz tuvo este viernes su entrevista como candidato a ocupar el puesto en propiedad. Una magistrada le consultó si es una debilidad que el Fiscal General tenga un conflicto de interés en uno de los asuntos de corrupción de mayor relevancia y gravedad.
Molina se inhibió de conocer el llamado caso Cochinilla porque es cuñado de una funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que es una de las personas investigadas en esa causa judicial.
Por ese mismo expediente, también se inhibió la anterior fiscala general, Emilia Navas, ya que su esposo es abogado de cinco funcionarios de la empresa Meco y de Mélida Solís, dueña de la empresa H.Solís.
Molina era fiscal adjunto de Legitimación de Capitales pero, en junio del 2021, fue nombrado fiscal subrogante, un cargo que le permitía sustituir a Navas ante sus ausencias temporales o inhibitorias.
De esta forma, él era el llamado a atender el caso Cochinilla, sin embargo, antes de asumir el nuevo puesto, planteó su inhibitoria por causal de parentesco.
Debido a esta situación, la Corte Suprema de Justicia nombró a Miguel Ramírez como fiscal subrogante Ad Hoc, a cargo del caso Cochinilla.
Las preguntas
Durante la entrevista ante la Comisión de Nombramientos del Fiscal General, la magistrada Patricia Solano hizo la siguiente consulta a Molina:
«Por qué debería Corte Plena decantarse y nombrarlo a usted como fiscal general…en este momento usted está enfrentando un conflicto de interés en uno de los asuntos que se ha calificado como de mayor relevancia y de mayor gravedad en un asunto de corrupción que se ha tramitado dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial«.
Aunque Solano no citó el nombre del expediente, fue un hecho público y notorio que en junio del 2021 Molina se inhibió del caso Cochinilla.
El fiscal dijo que comprende que el asunto despierte interés pero afirmó que es la primera vez en 32 años de carrera que ha tenido que inhibirse, en este caso «por un vínculo familiar por afinidad».
«Hay situaciones como estas que se presentan con familiares que no son, al menos en este caso, que no son de mi control; como no lo son del control de ninguna otra persona que esté en el mismo escenario. Lo que sí puedo controlar como funcionario, por mi ética y porque la ley así me lo exige, es estar inhibido del caso, lo que implica no conocerlo, no intervenir, no tomar decisiones al respecto para garantizar la más absoluta transparencia en el trámite del mismo», respondió.
Molina comentó que también se inhibió de otro caso «por derivación» del primero, aunque no citó el nombre de los expedientes.
Agregó que al haber un fiscal subrogante, nombrado por Corte Plena, los casos no están desatendidos.
Solano insistió en el tema y preguntó a Molina si no es «una debilidad que el fiscal general no pueda conocer «el caso más sonado».
Molina reiteró que es un asunto fuera del control de «cualquier ser humano». Expresó que, por lo que se ha informado en prensa, se trata de un caso que probablemente tarde varios años en tramitarse, incluso más allá de los cuatro años que dura el período del fiscal general.
Propuestas
Al igual que los demás aspirantes a la Fiscalía General, Warner Molina tuvo 15 minutos para exponer ante los magistrados de la Comisión de Nombramientos sus atestados y planes para asumir el Ministerio Público.
Mencionó que tiene el conocimiento, la experiencia y la trayectoria. Ha trabajado en lo que llamó «casos de gran impacto» en temas de delincuencia económica, corrupción pública y delitos tributarios.
Entre sus prioridades de persecución penal estableció:
–Combate al crimen organizado.
–Adoptar una posición «de línea dura» contra organizaciones dedicadas al narcotráfico nacional e internacional.
–Persecución patrimonial por medio de investigaciones de legitimación de capitales. Esto busca que los grupos o personas pierdan los bienes y el dinero de los cuales no puedan justificar su origen lícito.
–Otras manifestaciones de crimen organizado como: sicariato, secuestros extorsivos, trata de personas y tráfico de migrantes.
–Delitos contra la salud pública como la adulteración de licores y comercialización de medicamentos y productos falsificados de interés sanitario.
A la fecha, se han realizado 10 entrevistas. La próxima semana se realizarán las nueve restantes.
