Fiscala asegura que Johnny Araya dejó de aparecer en causa judicial por «órdenes superiores»
La testigo Natalia Rojas declaró que le llamó la atención que Celso Gamboa, como subjefe del Ministerio Público, estuviera atendiendo un asunto que podía resolver la fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith o ser escalado a la Fiscalía General.
Las manifestaciones las dio este jueves en el juicio que se sigue en los Tribunales de Goicoechea por un supuesto caso de tráfico de influencias.
En enero del 2016, Rojas recibió una nota firmada por Johnny Araya, en ese entonces candidato a la alcaldía de San José.
En el documento, el político pedía que se emitiera una certificación para hacer constar que no figuraba como imputado en una causa del año 2012 relacionada con el uso de fondos públicos en unas capacitaciones. La fiscala era la que dirigía ese proceso.
Araya contó en el juicio que hizo la solicitud luego de que una periodista de La Nación le informó que, con base en datos de la oficina de prensa de la Fiscalía, él estaba como imputado en un expediente judicial.
La funcionaria comentó que en enero del 2016, fue citada a la oficina de la fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith y cuando llegó vio ahí a Celso Gamboa.
Aseguró que el exfiscal le consultó por el estado de la causa judicial de Araya y que ella le explicó que aparecía con una denuncia y era investigado, pero que no se le había indagado.
Añadió que, tras dar la explicación, Gamboa y Smith comenzaron a hablar acerca de cuál respuesta se le debía dar al documento enviado por el político.
Según el relato de Rojas, Smith comentó que el sistema informático del despacho no distingue entre «denunciado e imputado» y que además no indica quién está indagado.
Supuestamente Smith sugirió que la respuesta para Araya podía ir en esa dirección.
«Me quedé pensando por qué un subjefe del Ministerio Público está en la oficina de la Adjunta decidiendo o resolviendo sobre una gestión que era propia de la oficina, una gestión que iba dirigida a Berenice como adjunta», dijo la testigo quien calificó como «particular» la intervención de Gamboa en ese proceso.
Rojas argumentó que, en la respuesta que ella envió a Araya, hizo constar que seguía «instrucciones superiores» . Aseveró que la acción de responder y el contenido del oficio los consideró «una orden o directriz» de sus superiores.
Dijo que no consideraba el encuentro con Smith y Gamboa como una reunión, pues a ella no le solicitaron criterio ni hubo intercambio de opiniones.
Externó que a pesar de ser la fiscal que dirigía la causa del 2012, en la que Araya era denunciado, no tuvo posibilidad de intervenir o resolver acerca de la nota que se le iba a enviar al candidato.
Rojas añadió que Gamboa le pidió comunicarse con la coordinadora judicial con el fin de que procediera a actualizar el sistema de gestión del despacho para que no apareciera más el nombre de Johnny Araya.
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La testigo manifestó que Gamboa le pidió celeridad en el trámite.
«El licenciado Celso volvió a ver a la licenciada Berenice y ellos me dijeron, ‘conteste eso, conteste usted como la fiscal del caso’ . Luego el licenciado Celso me dijo: ‘a mí me urge que esa gestión esté resuelta hoy porque yo ya hablé con Johnny Araya y yo le dije que esta gestión iba a estar resuelta hoy porque él necesita esa gestión para presentarla en los procesos electorales'», agregó.
Al día siguiente, ella contestó a Araya que efectivamente había una denuncia ingresada al sistema de gestión del despacho y que él no figuraba como imputado sino como denunciado.
Esa nota fue la que Araya envió al periódico La Nación, previo a las elecciones municipales, para demostrar que no era imputado en ninguna causa pues, inicialmente, la oficina de prensa del Ministerio Público había reportado al diario que sí lo era.
La Nación iba a publicar un reportaje a acerca de candidatos a alcalde que tenían procesos judiciales pendientes. Cuando el trabajo periodístico salió, Araya no estaba incluido en la lista.
Desde el inicio del juicio, los defensores de Araya, Gamboa y Smith aseveran que sus representados no cometieron ninguna irregularidad para favorecer al entonces candidato.
Insisten en que Araya no era imputado en ninguna causa como consignó inicialmente la oficina de prensa del Ministerio Público y que por ende, el político tenía razón y derecho de pedir que el asunto se aclarara antes de que su nombre apareciera en una nota periodística.
La jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, dijo en el juicio que envió a La Nación datos que personal de la Fiscalía verificó a su solicitud.
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