La Fiscalía realiza en este momento una diligencia judicial en Casa Presidencial, a una semana de que iniciara la polémica por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
Tras la publicación y derogación del decreto, la semana pasada, se mantienen las investigaciones para determinar si existió un uso indebido de datos personales.
La oficina de prensa de la Fiscalía confirmó 10 allanamientos en desarrollo. Las diligencias se encuentran activas en las instalaciones de Casa Presidencial, MIDEPLAN y cuatro casas de habitación.
Dentro del expediente son investigadas ocho personas: entre ellas el Presidente de la República, Alvarado Quesada, el ministro de la Presidencia, Victor Morales Mora, y otras personas de apellidos Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández, algunos de ellos miembros de esta Unidad de Datos.
El comunicado de prensa indica que los presuntos delitos que se investigan son los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto.
El Ministerio Público confirmó esta semana la apertura de una investigación por tres denuncias recibidas.
Casa Presidencial se puso a las órdenes de las autoridades judiciales y de otras instancias, como la Defensoría de los Habitantes y el propio Congreso que realizan investigaciones sobre el tema.
Este jueves, el Presidente, Carlos Alvarado, ordenó una investigación interna para definir si existieron irregularidades con la redacción del decreto.
Información en Desarrollo. Actualizada a las 8:20am
