Fiscalía pide suspensión del cargo para alcaldes implicados en caso Diamante
Durante la audiencia que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, la representación del Ministerio Público pidió medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, en contra de seis jerarcas de Gobiernos Locales.
Se trata de Johnny Araya Monge, alcalde de San José, Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago, Humberto Soto Herrera, alcalde de Alajuela, Alberto Cole De León, alcalde de Osa, Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de Escazú.
La Fiscalía solicitó contra ellos la suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firmar cada mes e impedimento de acercarse a los testigos y a las Municipalidades.
También se pidieron las mismas medidas contra otros cinco funcionarios públicos que laboran en distintos Gobiernos Locales.
Contra un hombre de apellidos, Gutiérrez Vargas, de la empresa MECO, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva al considerar que «es el elemento corruptor de la organización» y por estar investigado en el conocido Caso Cochinilla.
Para otro imputado, de apellidos Cruz Porras, de la empresa Explotec, el Ministerio Público pidió impedimento de salida del país, firmar cada mes y no acercarse a testigos.
El Ministerio Público y la Policía Judicial detuvieron a los sospechosos por su presunta participación en un esquema delictivo para favorecer a la empresa MECO con la adjudicación de obras cantonales de diversa índole.
A los funcionarios públicos les atribuyen haber recibido favores e incluso dádivas a cambio de hacer gestiones en beneficio de la constructora.
La audiencia continúa en tres salas de los Tribunales de Goicoechea.
