Juicio: Funcionario judicial afirma que le ordenaron eliminar a Johnny Araya de sistema informático

Se trata de Arnold Téllez Espino, quien declaró este viernes en los Tribunales de Goicoechea por hechos ocurridos en el 2016 cuando se desempeñaba como coordinador judicial en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. 

El testimonio es parte del juicio que se sigue contra el alcalde de San José, Johnny Araya, el exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith. Se les acusa de un presunto delito de tráfico de influencias. 

Araya era candidato a alcalde para las elecciones 2016. Para esa época, el diario La Nación le informó al político que iba a hacer una publicación y que la oficina de prensa del Ministerio Público lo reportó como «imputado» en una causa judicial del año 2012. 

El candidato respondió a la periodista del diario que él no era imputado y que podía demostrarlo. Le preocupaba que su nombre se incluyera en el trabajo periodístico con información errónea.

De esta forma, envió una nota a Smith, la fiscala adjunta de Probidad, en la que le solicitaba certificar que no figuraba como imputado en el expediente y que se corrigiera el «asiento informático».

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En el juicio, la Fiscalía acusó que Araya sí era imputado y que Smith y Gamboa realizaron gestiones para procurar que el nombre de Araya no apareciera en la causa.

Araya recibió una nota firmada por la fiscala Natalia Rojas en la que se le indicaba que su condición eran de «denunciado» y no de «imputado». Además le manifestó que se iba a «actualizar» el sistema informático.

Rojas expresó en el debate que hizo esa nota por órdenes de Gamboa y Smith y bajo una presión del exfiscal. Calificó el hecho como «particular» y «excepcional». Añadió que actuó como subordinada y por eso no cuestionó si la directriz que le dieron era legal o no. 

Fue una orden

En esa época  a Arnold Téllez se le nombraba como coordinador judicial en sustitución de otra funcionaria de apellido Quirós, por ende tenía los mismos accesos.

Declaró que, a inicios de enero, la fiscala Rojas le consultó si era posible «eliminar» del sistema a un interviniente de un proceso judicial. Relató que él ingresó a la carpeta de un caso «x» (de otro caso) y constató, a modo de prueba, que sí se podía realizar. Aclaró que no borró nada de esa carpeta pues le dio «cancelar» a la opción. 

Según Téllez, al día siguiente, Rojas se le acercó para ordenarle la gestión relacionada con Araya.  

«Ella llegó a mi escritorio. Me indicó que procediera con la eliminación del nombre del interviniente dentro de la carpeta o número de expediente 12-000096-621-PE y específicamente el interviniente con el nombre Johnny Araya Monge», dijo. 

Téllez aseguró que Rojas le dio la orden sin mayor explicación y se fue. Sostiene que ese era un trámite que no era usual ni normal dentro de sus funciones. Esos factores más el hecho de que el interviniente era Araya, lo motivaron a enviar un reporte para justificar la acción y aclarar que fue aprobado por la fiscala Rojas.    

El funcionario revisó posteriormente el sistema informático de gestión y verificó que el nombre de Araya se había «suprimido». 

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Defensa

Durante el juicio, Araya y sus abogados argumentaron que está demostrado que el político no era imputado en la causa judicial del 2012 y que incluso se pidió el retiro de la denuncia que había en su contra. 

El alcalde expresó que estaba en su derecho de solicitar a una entidad pública como la Fiscalía que se aclarara su condición en ese expediente pues, la información que la oficina de prensa había dado a La Nación era errónea. 

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En la nota que envió a la fiscala Smith, Araya no pidió que su nombre fuera borrado, sino una corrección del asiento informático.

Ante los jueces, Araya negó que hubiese usado alguna influencia para cometer irregularidades en este caso. Incluso dijo que para la época de los hechos no era alcalde y no tenía ninguna posición de poder.