Justicia usará convenio y contrato adicional con ESPH para mantener monitoreo de personas con tobilleras
La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar anunció este jueves cómo procederá la entidad para mantener el servicio de monitoreo electrónico en el período que transcurra entre el vencimiento del actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la adjudicación a un nuevo proveedor.
El mecanismo es un convenio de cooperación con la misma ESPH del 28 de febrero al 7 de marzo. Se hará bajo las mismas condiciones de monitoreo pero sin costo para el Estado.
Luego se optará por un nuevo contrato adicional de hasta 24 meses o hasta contratar el nuevo proveedor. Este contrato temporal, según Salazar, representaría un ahorro en la tarifa diaria de monitoreo de cada persona beneficiaria, la cual pasaría de $12,3 a $10,3.
El contrato adicional es una figura legal diferente a la extensión de contrato, que previamente fue desautorizada por la Contraloría General de la República. Este nuevo acuerdo entrará en vigor a partir del 7 de marzo.
Las tobilleras electrónicas las utilizan personas que cumplen penas fuera de prisión o están sujetas a medidas cautelares que implican vigilancia electrónica.
El contrato adicional se realiza amparado en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, lo cual autoriza un contrato adicional bajo términos específicos como una extensión limitada menor al 50% del contrato anterior.
Este instrumento legal también indica que los precios y condiciones originales se deben mantener o mejorar en favor del Estado. Para proceder con este numeral, la institución no requiere de la autorización de la Contraloría.
«La solución le generaría al país un ahorro de 1448 millones de colones durante el 2021», dijo la jerarca.
Justicia asegura las recomendaciones de la Contraloría General de la República ya fueron atendidos por el ministerio para la negociación del contrato adicional y la nueva licitación.
El servicio no se suspenderá, sino que continuará con esta solución que se encuentra dentro del marco legal, según la ministra.
La ministra confirmó a Noticias Columbia que al momento no se han recibido ofertas para el nuevo proveedor, a pesar de que se espera que entre en operaciones a partir de diciembre.