Justicia utiliza maniobra administrativa para mantener 100 indiciados en gimnasio de cárcel para sentenciados
La ministra de Justicia, Fiorella Alvarado, defendió el traslado de 100 personas desde celdas judiciales hacia un gimnasio de los centros penitenciarios ubicados en San Rafael de Alajuela.
Días atrás, el Juzgado de Ejecución de Pena de Alajuela ordenó al Ministerio reubicar estas personas, debido a que fueron movilizadas al gimnasio un centro penitenciario dedicado a personas sentenciadas.
Según la normativa nacional, las personas privadas de libertad que cumplen una pena, no pueden ser mezcladas con las personas indiciadas, que son quienes cumplen medidas cautelares o esperan una sentencia en firme.
Por esa razón el Juzgado ordenó la reubicación, dado que el gimnasio es parte de las instalaciones de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos.
No obstante, la jerarca de Justicia justificó el ingreso de los indiciados a esas instalaciones argumentando que como ambos centros están contiguos, el gimnasio se convirtió temporalmente en un anexo del centro penitenciario Gerardo Rodríguez, que sí puede recibir personas no condenadas.
Salazar aclaró en Noticias Columbia que esta es una potestad de la dirección de Adaptación Social.
La ministra manifestó que de las pocas opciones posibles que tiene Adaptación Social, la reconversión de este gimnasio es la mejor posibilidad debido a la facilidad de acomodar la alimentación y servicios de salud.
De acuerdo con la jerarca, su cartera debe lidiar con las medidas sanitarias de aislamiento antes de ingresar a los privados de libertad pero también tiene la obligación de recibirlos en un plazo menor a 48 horas, deber impuesto por la Sala Constitucional.
Recurso de reconsideración
El Ministerio de Justicia presentó un recurso solicitando al Juzgado de Ejecución de la Pena que tome en consideración este cambio administrativo, y así les permita mantener el gimnasio como centro de aislamiento sanitario preventivo, previo al ingreso definitivo de los indiciados.
Esto aunque desde la perspectiva jurídica, los juzgados de ejecución de la pena no pueden recibir recursos de reconsideración.
El abogado penalista, Rafael Rodríguez, confirmó a Noticias Columbia que las resoluciones de los jueces de ejecución de la pena no es apelable.
El incumplimiento de esta orden podría tener consecuencias penales para los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, por delitos de desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de deberes.
Las personas que se exponen a causas penales en caso de no cumplir la medida son la viceministra de Justicia, Viviana Boza Chacón, el Director de Ubicaciones, Eriberto Álvarez Cantón, el director de la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos y la Jefatura Nacional de Unidades de Atención Integral.
