PAC tendrá que pagar ₡179 millones adicionales e intereses por estafa al TSE
El Partido Acción Ciudadana fue sentenciado este jueves a pagar ₡179 millones más al Estado, tras la estafa hecha al Tribunal Supremo de Elecciones durante la campaña electoral del 2010.
La Procuraduría General de la República, abogado del Estado, apeló la condena civil del 2016, en la que se obligó al PAC a pagar ₡352 millones de colones.
A la agrupación se le imputó por presentar alrededor de 170 contratos irregulares para inflar sus gastos electorales y con esto, recibir más recursos del TSE.
En dicha sentencia, no se incluyeron alrededor de más de 80 contratos adicionales que también presentaban irregularidades, por lo que la Procuraduría solicitó incluir esto en la sentencia para incrementar el pago de la indemnización que debe hacer el partido.
El aumento equivale a ₡159 millones más por los 80 contratos falsificados, además de ₡20 millones adicionales por costes personales.
Sumando las cifras de ambas resoluciones, el Acción Ciudadana deberá pagar un monto superior a los ₡530 millones, más los intereses desde que recibieron los recursos de deuda política correspondientes a las elecciones del 2010, los cuales rondan los ₡100 millones.
La agrupación partidaria analiza apelar el ‘por tanto’ leído este jueves, asegurando que el Juzgado y la Procuraduría parten de la similitudes entre los contratos para pedir la indemnización.
Desde la óptica del defensor del PAC, Erick Gatgens, cada contrato debe ser analizado para confirmar si existió o no irregularidad.
El argumento del representante del Estado, es que todos los contratos cuentan con los mismas montos, formatos y firmas, además fueron presentados en la misma liquidación de dineros.
Gatgens alega que los 80 documentos no fueron probados uno a uno y no cuentan con prueba como los 170 contratos falsificados que sí se aceptaron en la primera resolución.
La defensa también pidió que los intereses se calculen a partir de la fecha de la resolución, pero el juzgado rechazó esta solicitud.
Posición de Procuraduría
El ente procurador concordó con el pago de intereses contemplados desde la entrega del dinero, dado que la afectación al Estado corre desde que el TSE giró los recursos al PAC.
Además, el procurador penal Randall Agüero, se mostró satisfecho con la resolución, alegando que no es indispensable la comparecencia de personas involucradas en los 80 contratos adicionales porque no aportarían nada nuevo.
Para Agüero, este caso y otra condena al Movimiento Libertario, sientan un precedente de condenar a partidos políticos que incurran en acciones irregulares contra el Estado.
Ahora se deberá esperar la apelación del PAC contra el dictamen de este jueves.
Método para incrementar gastos
De acuerdo con la Procuraduría, existió un mecanismo ideado por personas del partido para aumentar los gastos de la campaña electoral y así obtener más dinero correspondiente a la deuda política.
Se generaron contratos por pago de servicios a personas que trabajaron ad honorem (de forma voluntaria) en la campaña política.
Esto habría sido diseñado por el extesorero Minor Sterling y el excolaborador Manuel Antonio Bolaños. Ambos cumplen una sentencia por actuar en nombre del partido.
Los contratos también contaban con la firma de secretaria general, pero no existieron pruebas para confirmar que participó activamente o que tuviera conocimiento del mecanismo irregular.
La parte penal del proceso para condenar a los responsables por delitos contra el Estado no fue apelada, únicamente el procedimiento civil por el daño económico.
Según el procurador penal, no era necesario apelar los cargos penales porque con la inclusión de los 80 contratos no hubo mayor responsabilidad que requiriera una condena más grande.
