Pensiones alimentarias: Fundación pide suspender arresto a papás ante crisis económica por Covid-19
La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, emitir una norma transitoria en apoyo a los padres de familia que sufren el impacto económico por el Covid-19 y no podrán pagar la pensión alimentaria. Imagen con fines ilustrativos.
«Una norma transitoria que modifique el Artículo 24 de la Ley de Pensiones Alimentarias suspendiendo la posibilidad de dictar apremio corporal durante tres meses a partir de su publicación», detalla el documento dirigido al presidente del Congreso.
La licenciada en derecho y directora de Fundiapho, Eugenia Quesada, explicó que se necesita en esa norma transitoria; dejar establecido un subsidio para los menores beneficiados con la pensión pues muchos papás están desempleados y muchos enfrentan las medidas de la pandemia con sus negocios cerrados «no están recibiendo ni un cinco de ganancia».
Quesada propone hacer efectivo el artículo 38 del Código de Niñez y Adolescencia que ampara a los hijos de padres que queden en absoluta imposibilidad del cumplimiento de su obligación alimentaria.
Según ese artículo, el subsidio deberá ser provisto por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
¿De cuánto sería el apoyo del IMAS?
«Se ha establecido que el monto promedio de las pensiones alimentarias ronda los 93 mil colones, entonces que se proyecten pensiones entre los 100 mil y 150 mil colones para cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios de pensión», explicó la directora de Fundiapho.
Suspensión de medida carcelaria contribuiría al país tras el impacto del Covid-19
La fundación argumenta que suspender la aprensión corporal de forma transitoria evitará incrementar el hacinamiento en cárceles que ya es una problemática en el país.
Quesada explicó que en la solicitud se incluye; que una vez cumplidos los tres meses, no se le cobre a los padres el monto generado durante la norma transitoria pues no podrán pagar, lo que volvería a exponerlos a un encarcelamiento y por ende se agravarían los problemas de hacinamiento en el centro penal.
Además la licenciada resalta el costo de tener un obligado alimentario preso que ronda los 700 mil colones mensuales.
