Presidencia acepta que tenía centro de llamadas pero niega uso de datos personales
Presidencia admitió que tenía un centro de llamadas, conformado por cinco personas, que aplicaba sondeos que permitían conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional.
Esto luego de que el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, denunciara que estas personas trabajaban de forma paralela a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Peña dijo, desde su curul, que «operan con un equipo de cómputo pareciera nuevo porque el jueves en la tarde pareciera que se desapareció el equipo viejo y a partir de ese momento, antes del allanamiento en Casa Presidencial se desaparecieron estas cinco personas».
A raíz de esto, Casa Presidencial dijo, por medio de un comunicado que :
«Se realizaban sondeos aleatorios y anónimos a partir de un formulario de preguntas básicas, basadas en una temática de interés público. A las personas contactadas en ningún momento se les preguntaba información personal -como nombre, cédula, dirección exacta, ni mucho menos información financiera específica-, por lo tanto, se desconoce la identidad de la persona entrevistada y se garantizaba que sus respuestas eran anónimas.
Las personas que realizaban los sondeos recababan la opinión y remitían al equipo de análisis de datos, para que estos sistematizarán y generaran insumos que eran utilizados en la gestión del gobierno»
Aunado a esto, el Ejecutivo también explicó que dos funcionarios de este equipo ocupan la clase de puesto Asistente Presidencial B, con un salario de ₡430 mil, y tres funcionarios el puesto de Asistente Presidencial A, con un salario de ₡415 mil.
Por otro lado, explicaron que los números de teléfono los obtuvieron mediante la lista que publica la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) de los intervalos de números de teléfonos de cada operador de líneas celulares.
Casa Presidencial no dijo cuando inició labores este centro de llamadas, ni cuando las terminó;sin embargo, según lo manifestado por el legislador socialcristiano, este equipo «funcionó hasta el 27 de febrero, un día antes del allanamiento».
