Presidente de la Corte presenta gestión de incumplimiento por acciones de Contraloría
Fernando Cruz, considera que la Contraloría General de la República no acata lo dispuesto por la Sala Constitucional en un voto del 2018 y que define cómo debe interpretarse La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) en cuanto a la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Cruz expuso que desde el año 2019 la Contraloría ha realizado actuaciones que violentan lo dispuesto en el voto de la Sala Cuarta.
En sus argumentos, el magistrado alega que el voto del alto Tribunal mantuvo las competencias constitucionales del Poder Judicial en cuanto a rectoría en materia de empleo, regla fiscal y materia salarial de los funcionarios.
Cruz aseguró que mediante tres oficios, emitidos entre el 2019 y el 2020, la Contraloría “está obligando al Poder Judicial a aplicar normas de la Ley 9635 en sentido contrario a lo dispuesto por la Sala Constitucional.
En el apartado de síntesis del documento, Cruz citó, entre otros elementos, lo siguiente:
“La Sala es clara al indicar que la rectoría en materia de empleo y la regla fiscal no aplican al Poder Judicial, por la existencia de normativa especial al efecto, y porque el presupuesto del Poder Judicial está resguardado constitucionalmente. Así que en esas materias, las reformas de la Ley 9635, no afectan al Poder Judicial porque no se les aplican”.
Cruz sostuvo que en uno de los oficios de la Contraloría se le obliga a adoptar medidas necesarias para dejar sin efecto un acuerdo de Corte Plena, “obviando que él no es el competente para eliminar un acto administrativo” dispuesto por los magistrados.
El presidente de la Corte Suprema pidió a la Sala Constitucional que dé trámite a la gestión de desobediencia y la traslade a la Contraloría.
Solicita además que luego se resuelva la gestión y se constate la desobediencia del órgano contralor.
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