La Procuraduría de la Ética Pública presentó ante la Fiscalía Adjunta de Probidad una acción civil en contra de los 18 funcionarios cuestionados de la Caja Costarricense de Seguro Social.
A los altos funcionarios y exdirectivos se les acusa de supuestas irregularidades en aumentos de salarios y cesantías que habrían sucedido entre el 2006 y el 2010.
En su momento el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, dijo que no tomaría ninguna decisión hasta que las autoridades judiciales resuelvan el caso.
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La causa se sigue por los delitos contra la Hacienda Pública, Fraude de Ley y Administración Fraudulenta.
