El robo de cable ha generado daños al Instituto Costarricense de Electricidad por alrededor de 7.400 millones de colones, según estimaciones de la institución.
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial, durante los primeros 5 meses del año, la afectación generada por estos bienes asciende a los 2 mil millones de colones.
Por esa razón, esta semana se presentó un proyecto de ley para endurecer los castigos por esta práctica delictiva.
Esto se realizaría mediante una reforma al Código Penal, para aplicar una pena de prisión de hasta tres o diez años, según la magnitud de lo sustraído a las instalaciones de servicios públicos.
El diputado proponente, David Gourzong, señaló que esta práctica criminal afecta la conexión a internet y líneas telefónicas de varias localidades del país.
El proyecto deberá ser tramitado y conocido en comisión legislativa para contar con una primera evaluación.
