Un proyecto de ley pretende reforzar los controles internos y alertas sobre actos de corrupción y tráfico de influencias en el Consejo Nacional de Vialidad.
Comparecientes han recomendado al Congreso reforzar el cálculo de las estimaciones de pago y la trazabilidad de la información, así como definir parámetros técnicos para compensar situaciones no previstas en el contrato inicial y que tengan efectos económicos.
También han destacado la falta de recurso humano para la supervisión y además existe un impedimento legal para que la auditoría del MOPT y Conavi colaboren.
La diputada proponente, Xiomara Rodríguez, señaló que el proyecto presentado corrige estas deficiencias de las auditorías de Conavi que fueron detectadas en la comisión de Cochinilla.
El expediente busca trasladar las funciones de las auditorías que están desconcentradas en el Conavi y devolverlas a la auditoría general del MOPT para darle más músculo a este órgano.
De esta forma se unirían los recursos disponibles y la uniformidad de las normas, para buscar mejores resultados en las investigaciones sobre las actividades que realizan las distintas unidades organizativas del Conavi.
Un oficio de noviembre del 2019, informó que el 50% de las unidades del Conavi no están siendo fiscalizadas en ningún tema.
Tampoco las solicitudes de seguimiento de Lanamme, la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público.
