Los diputados dejaron en firme el proyecto de ley que excluye al Instituto Nacional de Estadística y Censo de la regla fiscal para que pueda realizar el censo nacional en el 2022.
El proyecto reajusta la redacción de la ley del Sistema de Estadística Nacional para que no se limite la presupuestación de los recursos necesarios para la ejecución del Censo.
La liberacionista Yorleny León, defendió esta decisión en el Plenario.
Sin embargo, diputados como el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca manifestaron su oposición, pues no excluye solo al censo, sino porque excluye a toda la institución.
Mientras que la independiente, Paola Vega, aceptó la culpa de que cuando se redactó la regla fiscal se hizo mal.
El INEC no era la única entidad que solicitaba esta ayuda.
Actualmente el sistema 9-1-1, el Senasa y la Caja Costarricense también lo han solicitado pero no se les ha dado el aval todavía.
Centro de Matemática de la UCR defiende el censo
El Centro de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica solicitó este jueves que se aseguren a la brevedad posible, los recursos para que el Censo Nacional de Población se realice.
El director del CIMPA, Luis Barboza Chinchilla, señaló que los datos que se recuperan en el censo, son una fotografía de temas importantes para el país como la pobreza y el empleo.
Esos datos no solamente funcionan para tener la información, sino también para hacer análisis importantes.
Por ejemplo, los resultados del censo realizado en 2011, han funcionado para hacer estimaciones sobre la situación epidemiológica del país durante la pandemia.
Barboza además cuestionó que aplace o que se ponga en riesgo la ejecución del censo por decisiones políticas o fiscales, dado que existen recomendaciones internacionales sobre la frecuencia para censar a la población.
Además, estos datos son clave en países desarrollados para el desarrollo de estrategias y políticas públicas.
El censo fue trasladado del año pasado al actual debido a la pandemia.
