El Ministerio Público informó este jueves que el caso será llevado a juicio y se está a la espera de que un Tribunal dicte la fecha. Aquí le presentamos un recuento de los hechos y los involucrados con la participación de un fiscal y el abogado defensor del empresario Juan Carlos Bolaños.
Se trata de un expediente que está en el contexto del llamado Cementazo pues se relaciona con otras de las causas judiciales que están abiertas por este tema.
Según la Fiscalía, los imputados habrían lesionado los intereses de la Hacienda Pública y el interés público, a través de la apertura de una línea de crédito a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino.
«Se presume que los funcionarios públicos analizaron y recomendaron el producto financiero, a pesar de que conocían que la empresa no tenía capacidad de pago», plantea el Ministerio Público.
Este caso se tramita con el expediente 17-000015-0033-PE. Estos son los imputados y los cargos acusados:
–Apellido Suárez, esposa del empresario y quien tenía funciones en el grupo JCB. Un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
–Apellido Cortés, gerente Financiero en grupo JCB. Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
–Apellido Rojas, gerente general en grupo JCB. Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
–Apellido Gómez, ejecutivo en el Banco Popular. Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica.
–Apellido Bogantes, analista de crédito en el Banco Popular. Dos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica.
–Apellido Delgado, quien tenía una posición de jefatura y supervisión en el Banco. Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica.
–Apellido Thompson, analista de crédito en el Banco Popular. Un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
–Apellido Arias, perito. Un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica.
A Bolaños, presidente y dueño del capital accionario del Grupo JCB, lo acusaron de tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
El caso
Se presume que los funcionarios públicos analizaron y recomendaron el crédito, a pesar de que conocían que la empresa no tenía capacidad de pago. El hecho involucra dos desembolsos de aproximadamente cinco millones de dólares y un refinanciamiento de la segunda deuda.
El Fiscal José Pablo Miranda, de la Unidad Especializada de la Fiscalía General, comentó que el crédito no se habría utilizado para importar cemento y el primer desembolso se pagó con fondos que no estaban relacionados con esa actividad.
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La investigación concluyó que, presuntamente, dos funcionarios del Banco (Gómez y Bogantes), acordaron con Bolaños ser socios comerciales en la venta de cemento importado. Esto mientras participaban en el trámite de los créditos en el Banco.
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Miranda se refirió al rol de los personeros de JCB y de los funcionarios del Banco en el caso. Citó por ejemplo que el perito habría fijado un valor mayor al real de una propiedad en Grecia que quedaba en garantía para responder por el crédito.
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Noticias Columbia consultó al fiscal si la empresa de Bolaños pagó los créditos. Explicó que canceló uno pero con ingresos que no correspondían a la actividad para la cual se solicitó el dinero. El segundo giro entró en mora y luego el Banco, a pesar de las supuestas anomalías, otorgó un refinanciamiento.
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¿Qué dice la defensa de Bolaños?
El abogado Andrés Pérez, defensor de Juan Carlos Bolaños, considera que el caso del cemento chino-Banco Popular no debía llegar a juicio. Afirma que la jueza a cargo de la audiencia preliminar no sustentó bien la resolución y encontró como una salida dejar que el asunto se discuta en un debate oral y público.
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Pérez sostiene que el crédito aprobado a la empresa de Bolaños no tuvo irregularidades. Incluso aseguró que los fondos que se entregaron no pueden calificarse como públicos, esto a pesar de ser una operación de un banco estatal.
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Pérez dijo que la Fiscalía no demostró lo del supuesto vínculo comercial de Bolaños con dos funcionarios del Banco que participaron en el trámite del crédito.
Finalmente defendió el uso que se le dio al dinero. Alegó que el préstamo se otorgó para la operación del grupo empresarial y no específicamente para la importación de cemento.
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A partir de ahora, el expediente pasará a manos del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que señale la fecha de inicio del juicio.
