Revisión de celulares y computadoras por caso UPAD comenzará 9 de diciembre
El Juzgado Penal señaló del 9 de diciembre próximo al 31 de marzo del 2022 como el período para realizar la revisión del contenido de los dispositivos decomisados. El proceso incluye los aparatos del presidente de la República, Carlos Alvarado. Foto: Archivo.
La información la confirmó a Noticias Columbia el abogado Ewald Acuña, quien representa al exministro de la Presidencia Víctor Morales, uno de los imputados en la causa.
En enero de este año, se realizó una diligencia judicial, en presencia de un juez y de los defensores de las personas implicadas, en la cual se abrieron las bolsas en las cuales la Policía Judicial colocó los aparatos electrónicos. Posteriormente se hizo un respaldo o imagen forense de todo el contenido que quedó nuevamente sellado en custodia del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.
A partir del 9 de diciembre comenzará el proceso de revisar la información. Esto procura buscar evidencias relacionadas con la creación y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que es objeto de investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de datos y prevaricato. El caso se remonta a febrero del 2020.
Acuña explicó que lo extenso de la audiencia para realizar la diligencia se debe a que son muchos los aparatos que deben inspeccionarse.
En cuanto al método de revisión, dijo que en las computadoras se acordó hacer una búsqueda por palabras clave de manera que se tenga acceso a archivos que puedan estar relacionados directamente con la investigación. Por otra parte, el contenido de los celulares se verá la totalidad de los archivos.
Desde el decomiso los aparatos han estado en custodia de autoridades judiciales. Deben estar sellados según la cadena de custodia para garantizar la integridad de la información.
El caso
El decreto se firmó en octubre y se publicó en La Gaceta el 17 de febrero, sin embargo fue hasta el 21 que inició un fuerte debate político.
El documento generó una tormenta política debido a algunas disposiciones que contenía. Estos son algunos de los fragmentos:
«Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado.
«Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos».
En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera.
Tras la polémica el Gobierno derogó el decreto pero las autoridades judiciales comenzaron las investigaciones en contra de los involucrados en la creación y funcionamiento de la Unidad. El 28 de febrero se realizaron los allanamientos en la Casa Presidencial y otros puntos.
