La diligencia se detuvo el 14 de diciembre luego de que los defensores del presidente Carlos Alvarado presentaron protestas ante la Sala III contra la forma en que la Fiscalía comenzó a inspeccionar el contenido de los teléfonos celulares.
Los abogados Roger Guevara y Rodolfo Brenes plantearon dos actividades procesales defectuosas al considerar que el Ministerio Público pretendía revisar toda la información de los aparatos, decomisados en febrero del 2020, sin discriminar si tiene o no relación con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
A lo largo del proceso, los defensores de Alvarado han argumentado que no se oponen a la revisión del contenido de los aparatos, sin embargo, objetan que la Fiscalía acceda a información del Presidente ajena al proceso, que sea sensible o confidencial por el cargo que ostenta.
Guevara y Brenes sostienen que la dinámica acordada era que se usarían parámetros de búsqueda mediante palabras clave para que las autoridades revisaran la información.
En el caso UPAD se investiga al mandatario, al exministro de la Presidencia, Víctor Morales y a seis personas más, entre ellas, los analistas de la fallida Unidad.
¿Qué sigue ahora?
Los abogados del Presidente dijeron este viernes a Noticias Columbia que la Sala III aún no ha resuelto sus protestas.
Mientras tanto, comentaron que “la Fiscalía General ha dado audiencia para que en un plazo de 10 días, las partes involucradas, aporten las palabras claves o los parámetros de búsqueda que sean de su interés, para que así la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial realice la búsqueda en los dispositivos”.
“Confiamos en que en la interacción las partes podrán ponerse de acuerdo en la totalidad o la gran mayoría de las palabras clave, porque es un asunto muy sujeto a la lógica, las normas y los criterios ya emitidos por la Sala Tercera. Pero en la eventualidad de que en algún caso no fuese así, correspondería al juez de garantía efectuar una determinación con sujeción a las normas y los criterios ya mencionados”, añadieron en la respuesta enviada por escrito.
Este medio consultó el 16 de diciembre a la Fiscalía General su criterio con respecto a la suspensión del proceso. La respuesta fue enviada hasta el pasado 4 de enero y decía lo siguiente:
«Por tratarse de gestiones que están siendo conocidas por la Sala III, el despacho prefiere no referirse al respecto, ya que se podría poner en riesgo el proceso de investigación».
El caso
El decreto se firmó en octubre y se publicó en La Gaceta el 17 de febrero, sin embargo, fue hasta el 21 que inició un fuerte debate político.
El documento generó una tormenta política debido a algunas disposiciones que contenía. Estos son algunos de los fragmentos:
“Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
“Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos”.
“En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
Tras la polémica el Gobierno derogó el decreto pero las autoridades judiciales comenzaron las investigaciones en contra de los involucrados en la creación y funcionamiento de la Unidad. El 28 de febrero se realizaron los allanamientos en la Casa Presidencial y otros puntos.
