El Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social informaron este sábado que la Contraloría tiene en sus manos la revisión realizada a todas las 724.330 personas que recibieron el Bono Proteger, el subsidio generado por el gobierno en la primera parte de la pandemia para personas suspendidas o despedidas de sus labores.
El gobierno afirma que en el 93.5% no se encontraron riesgos o evidencias de un posible pago erróneo y afirma que todos estaban incluidos en el Sistema Único de beneficiarios.
El informe identifica 3.9% de los casos que califica como «riesgo,» es decir poco más de 28 mil 200 personas que no les correspondía el beneficio por diferentes causas entre ellas: no tener afectación laboral, recibir una ayuda del Estado por más de 50 mil colones o ser privadas de libertad.
Se agrega que de estas personas, el 40% se mantiene en este momento en una condición de vulnerabilidad. Por medio del comunicado de prensa de las entidades publicas, se califica como «tolerable» para un programa social de este tipo, una filtración del 3.9%, según la posición de la Contraloría citada en el documento enviado a los medios.
Trabajo informa que se continuará con las investigaciones individuales para definir si las personas deben devolver el dinero, siguiendo el debido proceso y con la posibilidad de que los implicados puedan presentar los descargos correspondientes.
Esta semana, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, cuestionó fuertemente, calificando de «indignante» que el Estado solo haya recuperado 32.6 millones de colones de los 470 millones, presuntamente mal otorgados por el bono Proteger.
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El gobierno publicó el proceso para intentar recuperar los montos pendientes, mediante arreglos de pago que podrían tardar hasta 18 meses.
