Valoraciones para flexibilizar cumplimiento de sentencia están al día, afirma Justicia
Desde que inició el año 2020 hasta la actualidad, el Instituto Nacional de Criminología (INC) aprobó que 1.945 personas pasaran de un centro penitenciario cerrado, a un régimen semi institucional.
Según la administración carcelaria del país, un 97% de las personas sujetas a este cambio han cumplido con su plan de inserción social.
Esto les prohíbe cometer nuevos delitos y les obliga también a cumplir una serie de requisitos para mantener su condición.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, señaló que los centros penitenciarios y el INC han cumplido con las valoraciones que deben realizar a la población privada de libertad.
De momento, permanecen pendientes las revisiones al comportamiento y expediente de los reclusos del CAI Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela, dado que por el volumen de población se le dio plazo hasta finalizar octubre.
La cartera de Justicia insiste que apurar la flexibilización de condenas a los privados de libertad, no debe contemplarse como una medida para combatir el hacinamiento carcelario.
En agosto anterior los centros penitenciarios pusieron al día las valoraciones que tenían pendientes, en las cuales se analiza si un imputado está en condiciones para ser trasladado a un régimen de condena menos rígido.
