Consultada por la cantidad de días que transcurrieron para hacer la diligencia judicial desde que se dio a conocer el decreto de la UPAD, la fiscala general, Emilia Navas, hizo una cronología de los hechos para justificar los plazos que se tomaron.
Viernes 21 de febrero
La prensa dio a conocer la existencia del decreto que creó la UPAD. Pasado el mediodía, el Presidente lo derogó. Emilia Navas pidió a la fiscal Karen Guzmán que recopilara toda la información publicada por medios de comunicación.
«Doña Karen trabaja conmigo y hace las investigaciones preliminares, por delegación mía, cuando hay una noticia en la prensa de que presuntamente se cometió un delito», dijo Navas.
Sábado 22 y domingo 23 de febrero
Emilia Navas trabajó junto con su equipo ese fin de semana en la Fiscalía para analizar las publicaciones de los medios. «Se tomó la decisión de que había que abrir un proceso de investigación», explicó.
Lunes 24 de febrero
Navas solicitó a su asistente que iniciara los trámites para formalizar la investigación, pero Karen Guzmán informó a la Fiscala General que había dos denuncias presentadas por el caso de la UPAD, una ante el OIJ y otra que llegó por fax.
«Por control interno no podemos asignar un número nuevo porque las normas dicen que se utilice el número de la primera denuncia que entra. Por eso es que acumulamos la denuncias que venían entrando y con ese número fue que iniciamos la investigación ya formalmente», comentó Navas.
La Fiscalía analizó cuáles eran las diligencias necesarias, pertinentes y urgentes que debían realizarse. «Se determinó que una de ellas era un allanamiento, registro y secuestro en la Casa Presidencial y en las viviendas de las personas involucradas presuntamente en los hechos», afirmó.
Período entre el lunes 24 y el jueves 27 de febrero
La Fiscalía comenzó a buscar información, hacer trabajo de inteligencia, ordenó al OIJ realizar «ciertas diligencias para ubicar casas de habitación, determinar en cuáles oficinas de Casa Presidencial estaban trabajando las personas sospechosas».
Se organizó una mesa de trabajo con expertos en delitos informáticos con el fin de definir cómo extraer información del servidor y las computadoras. «Determinar si los correos electrónicos, la comunicación, la evidencia, documentos podían estar en computadoras o en la nube. Ese es un trabajo importante», especificó Navas.
Posteriormente el Ministerio Público pidió a la Sala III la autorización para allanar. «Esa solicitud, en cualquier tipo de investigación, por más sencilla que sea, ante un juez penal o ante la Sala III tiene que ir bien fundamentada. Se trabajó varios días en la fundamentación de la gestión», dijo.
Noche del jueves 27 de febrero
A las 7:40 p.m. se presentó la solicitud de allanamiento ante los magistrados de la Sala III. Los magistrados la analizaron toda la noche.
Viernes 28 de febrero
A las 3:00 a.m. la Sala III contacta a Emilia Navas para notificarla de la resolución. Ella se desplaza a la sede de los magistrados. «Fui notificada de que se había acogido la solicitud formulada en vista de que estaba bien fundamentada y era procedente», relató.
Después de las 3:00 a.m. «nos organizamos con la parte logística que era la Policía y el resto de fiscales que se necesitaban para hacer el resto de la diligencia», finalizó.
El allanamiento comenzó a las 8:03 a.m. en la Casa Presidencial en Zapote y terminó a las 10:49 p.m. En el caso del Ministerio de Planificación, en Barrio Dent, se extendió hasta sábado.
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