La Sala Constitucional resolvió que está justificada la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.
A inicios de junio, la Caja Costarricense de Seguro Social comenzó la campaña de vacunación a niñas de 10 años de todo el país. Se le considera un método efectivo de protección contra el cáncer de cérvix.
Los magistrados consideraron que la prevención de enfermedades, el interés superior de la persona menor de edad y el resguardo de la salud pública constituyen fines constitucionalmente legítimos para ese fin.
Por tales motivos la obligatoriedad no implica una lesión al principio de la autonomía de la voluntad.
Los magistrados rechazaron de forma unánime un recurso de amparo presentado por una persona menor de edad en contra de aplicación de la vacuna.
Alegó que tras indagar en «fuentes internacionales» descubrió que la vacuna puede ocasionar severos efectos secundarios, y que en Costa Rica no se informó al respecto.
El magistrado Paul Rueda expresó que instituciones reconocidas en el mundo avalan el uso de la vacuna.
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En la sentencia se señala que las instituciones sanitarias usaron estrategias de comunicación nacionales, regionales y locales para explicar la vacunación contra el virus del Papiloma.
Tres de los magistrados agregaron que la aplicación de la vacuna produce efectos secundarios leves: «dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento o formación de hematoma en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, vómitos y desmayos, no así discapacidades o la muerte».
