Por primera vez en 30 años la Sala Constitucional realizó una audiencia pública virtual
El caso por el cual se realizó la audiencia se trata de un recurso de amparo presentado por una persona privada de libertad quién pide que se le otorgue un beneficio especial ya que alega sufrir un padecimiento catalogado como un factor de riesgo por COVID-19.
La persona privada de libertad se pudo conectar con la asistencia y control de las autoridades de Justicia y Paz desde el centro de atención en donde descuenta su pena.
El recurso de amparo presentado es contra el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, la Dirección General de Adaptación Social, y los ministerios de Salud y Justicia. Este se tramita bajo el expediente 20-007100-0007-CO.
Según los alegatos del privado de libertad, él sufre un padecimiento de salud catalogado como un factor de riesgo ante el Covid-19 “y pide que se le otorgue un beneficio para cumplir el resto de su pena en condiciones menos riesgosas, pues sostiene que estar en el centro mencionado lo expone al virus”.
Según un comunicado de la Sala Constitucional, en la vista judicial de este jueves se realizaron consultas sobre los lineamientos y protocolos establecidos para la protección y atención de la población penitenciaria ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
Entre los que participaron en la audiencia están los magistrados Nancy Hernández López, instructora del expediente y Paul Rueda Leal; el recurrente; la defensora pública del privado de libertad, Laura Arias; el ministro de Salud, Daniel Salas; la ministra de Justicia, Fiorella Salazar y autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
