Celso Gamboa y su abogada cuestionan a fiscala que dijo que fue «presionada» en caso de Johnny Araya
Natalia Rojas (a la derecha) declaró este jueves en el juicio que se realiza en los Tribunales de Goicoechea por un presunto tráfico de influencias. Los acusados son el alcalde de San José, Johnny Araya, el exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Durante la audiencia de la mañana, ante consultas de la Fiscalía, Rojas señaló a Gamboa y Smith como los responsables de que, en enero del 2016, ella enviara una certificación a Araya en la cual hacía constar que el entonces candidato a alcalde de San José no figuraba como imputado en una causa judicial del año 2012, sino que su condición era la de «denunciado».
El caso del 2012 hacía referencia al uso de fondos públicos en una capacitación. Se abrió la causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
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En la tarde, correspondió el turno de la defensa para interrogar a la testigo. Fue así como Natalia Gamboa, defensora del exfiscal y el mismo Celso Gamboa, le hicieron consultas a la funcionaria judicial en una audiencia en la que abundaron las objeciones a las preguntas.
En los alegatos iniciales, la defensa argumentó que Johnny Araya nunca fue imputado en la causa del 2012 y que por ello, era válida su solicitud de un documento en el que se aclarara esa condición.
Incluso, Natalia Gamboa citó el 25 de febrero pasado que la persona que puso la denuncia contra Araya pidió que que se archivara al considerar que recibió información errónea.
Los cuestionamientos
La abogada Gamboa reprochó que Rojas se comportara de forma «evasiva» cuando le consultó con insistencia si recibió alguna orden de «borrar» o «eliminar» el nombre de Johnny Araya de un expediente judicial.
Esto por cuanto en la mañana, Rojas refirió que Celso Gamboa le pidió coordinar para que el nombre de Araya no apareciera más. La defensora le cuestionó qué significaba eso y si se refería a quitar del todo al político del expediente o si era únicamente aclarar que no ostentaba la condición de imputado.
La defensora reiteró la consulta y la respuesta de Rojas fue la misma.
En el interrogatorio, Gamboa recordó un informe que Rojas hizo en setiembre del 2017 en el cual la fiscal detalló que Araya no había sido indagado y que no existía prueba suficiente que lo incriminara por el caso de la capacitación.
Esto va en línea con la tesis de la defensa de que Johnny Araya no era imputado en ese caso y por ello la nota que se le envió al político contenía información verdadera.
La abogada leyó parte del informe que hizo Rojas y le consultó si lo reconocía.
También a la testigo le consultaron si ella ejecutaba acciones judiciales sin cuestionarse la legalidad o no del acto. Esto en referencia a que hizo la certificación para Araya argumentando «órdenes superiores» pero no denunció alguna irregularidad en ese momento.
Preguntas de Celso
El exfiscal acusado en el caso asumió el control de la segunda parte del interrogatorio a la fiscal Rojas.
Le preguntó si él o Berenice Smith la habían coaccionado o amenazado para hacer la nota que se le envió a Johnny Araya. Ella respondió que no; pero alegó que la presionaron porque el pedido fue enfático y además con carácter de urgencia.
Gamboa también consultó a Rojas si para ella es lo mismo ser denunciado que imputado. «Para la licenciada Natalia Rojas fiscal, de acuerdo a las directrices del Ministerio Público en el Código Procesal Penal, es lo mismo denunciado e imputado», contestó la funcionaria.
Posteriormente Celso Gamboa le preguntó a Rojas si la orden que ella dice haber recibido de él y Smith le parecía ilegal o no.
La Fiscalía objetó la pregunta y el Tribunal pidió a la testigo no responder hasta resolver las objeciones.
Rojas tuvo que salir de la Sala mientras los litigantes hablaban con los jueces acerca del caso. Gamboa planteó la posibilidad de que a la testigo se le asigne un abogado puesto que dependiendo del resto de su declaración podría exponerse a ser señalada por una presunta omisión o por falso testimonio.
Los jueces resolverán la gestión este viernes 5 de marzo. La audiencia fue convocada a las 10:00 a.m.
