La mañana de este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo entrega de los reconocimientos a los mejores investigadores y casos.
En la reseña oficial, el OIJ explicó que este 2021 «se llegó al desenlace del que quizás ha sido uno de los principales casos de corrupción de los últimos años, en el cual se vieron involucrados tanto funcionarios del Conavi, así como funcionarios de empresas constructoras privadas».
Actualmente, por estos hechos, descuentan prisión preventiva el propietario de la empresa MECO y la propietaria de H.Solís, Mélida Solís. La medida cautelar fue apelada y se está a la espera de la audiencia.
La filtración de los informes judiciales permitió a los medios de prensa dar a conocer detalles como las transcripciones de intervenciones telefónicas. Se registraron llamadas en las cuales funcionarios públicos hablaban con funcionarios privados sobre supuestas regalías, pagos y hasta comida para fiestas.
El caso Cochinilla implicó dos años y medio de investigación por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción de la Policía Judicial.
El nombre se inspiró en un insecto el cual se encuentra oculto en partes oscuras de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectado fácilmente. «Poniendo en contexto con el caso en investigación, sería como se fueron fraguando los actos de corrupción ocultos detrás de mecanismos que tratan de no evidenciar su actuar nocivo», dice el documento
Antecedentes y resultados
La investigación inició en el mes de agosto del año 2018, luego de que los agentes judiciales recibieran información confidencial donde se indicaba sobre presuntas irregularidades que en apariencia ocurrían en el Conavi, específicamente en el otorgamiento de licitaciones para la construcción de obra pública.
Luego de vigilancias, seguimientos, entrevistas, labores de análisis criminal, y operativos policiales, se efectuaron 57 allanamientos el 14 de junio de 2021. Ese día ocurrió la detención de 30 personas, quienes junto con otras 44 más figuran como sospechosas según consta en el informe policial remitido por los investigadores judiciales al Ministerio Público.
«A través de las investigaciones, se logró determinar que las y los funcionarios públicos involucrados en este caso, en apariencia habrían recibido dádivas tanto económicas como de otra índole, esto a cambio de favorecer a determinadas empresas para que fuesen las escogidas para desarrollar los diferentes proyectos de construcción de obra pública», informó OIJ.
Los allanamientos se ejecutaron en las oficinas del Conavi, así como en las casas de las y los sospechosos en diferentes partes del país. Requirieron la participación de 500 agentes judiciales y el refuerzo de otros cuerpos policiales.
El OIJ decomisó más de ¢34 millones, más de 100 mil dólares, gran cantidad de artículos electrónicos y otras evidencias de importancia para el caso.
Esta investigación contó con la colaboración de otras oficinas del OIJ como la Unidad de Vigilancias y Seguimientos, la Unidad de Análisis Criminal y Peritos del Área de Delitos Económicos y Financieros.
«Este caso es de suma importancia para la policía judicial, pues además de desarticular esta organización criminal, se generó un impacto positivo para el país y gracias a la ardua labor de los investigadores de la Sección de Anticorrupción, es la primera vez que se logra que a una investigación por delitos funcionales, se le brinde la declaratoria de crimen organizado», concluye la reseña oficial.
