¿Por qué el alcalde de San José y dos exfuncionarios judiciales de alto perfil están enfrentando un juicio por presunto tráfico de influencias? Aquí le explicamos el caso que se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea. Foto: Alejandro Arley.
Antecedentes
La situación que llevó a estas personas a estrados judiciales se originó a finales del 2015 e inicios del 2016 cuando el periódico La Nación estaba por publicar un trabajo especial acerca de cuáles candidatos a las alcaldías tenían procesos penales pendientes.
En esa época, Johnny Araya, era candidato a la alcaldía capitalina pero con la agrupación Alianza por San José.
El político había dejado el cargo de alcalde para la campaña de elecciones presidenciales del 2014. Terminó perdiendo abultadamente los comicios y además fue expulsado de Liberación Nacional.
Según la reseña de hechos de la Fiscalía, la periodista Mercedes Agüero solicitó al Ministerio Público la información que requería para el trabajo y en esos datos Johnny Araya figuraba como imputado en una causa judicial de años atrás.
Agüero buscó a Araya para que se refiriera al caso, sin embargo, el político contestó que no era imputado en ninguna causa y procedió a buscar la forma de acreditarlo.
El reportaje se publicó el 2 de febrero de 2016.
Lo que dice la acusación
Tras la consulta de La Nación, la jefa de prensa de la Fiscalía, Tatiana Vargas, hizo consultas en toda las Fiscalías de todo el país. Producto de esa gestión, le informaron que Johnny Araya figuraba como imputado en la sumaria 12-000096-621-PE de la Fiscalía de Probidad, información que suministró a la periodista Mercedes Agüero.
Por esta razón, la comunicadora contactó a Araya quien le manifestó que eso no era cierto.
El Ministerio Público sostiene que Celso Gamboa, quien era subjefe de esa entidad y Berenice Smith, que era fiscala adjunta, «hicieron una serie de gestiones» e influyeron para favorecer a Araya y darle «una ventaja indebida» que el político aprovechó.
Como consecuencia de la intervención de los exfuncionarios judiciales, se emitió el oficio FAPTA-08-2016; documento que indicaba que Johnny Araya no figuraba como encartado en la causa 12-000096-621-PE.
Según la acusación Gamboa, «valiéndose de su puesto», increpó a Vargas, por haber informado a La Nación que Araya era imputado, puesto que él había revisado el expediente y no existía implicación alguna contra el político.
Gamboa supuestamente ordenó a un asesor legal que se comunicara con Araya y le indicara que debía enviar un oficio a la fiscala Berenice Smith en el cual solicitara una certificación para aclarar que no era imputado.
El Ministerio Público alega que Gamboa y Smith influyeron en otra fiscala para que se redactara un documento, como respuesta a Araya, en el que se le indicaba que su condición era de denunciado y no de imputado y que, en virtud de ello, se actualizaría el sistema informático.
Así lo relató este jueves la fiscala Melissa Quirós:
El 7 de enero del 2016 a las 10:59 a.m. se eliminó del Sistema Informático de la Fiscalía de Probidad, el registro de Johnny Araya Monge como imputado en la causa 12-000096-621-PE.
El 8 de enero se confeccionó una nueva carátula del expediente en la que Araya ya no aparecía como imputado. En esa misma fecha, el político envió a la periodista Mercedes Agüero el oficio FAPTA-08-2016.
La acusación fiscal plantea que Araya se benefició de todos estos trámites pues, ante la opinión pública, iba a aparecer como un candidato a alcalde sin causas penales.
PGR exige pago millonario
La representante de la Procuraduría General de la República, Paola Madriz, informó en la audiencia de este jueves los montos que la entidad solicita por concepto de «daño social» debido al caso de tráfico de influencias.
Pidió que se condene a Gamboa y Smith al pago de ¢15 millones casa uno y a Araya ¢12 millones.
Declaración de Johnny Araya
En el primer día de juicio, el alcalde de San José, Johnny Araya, rechazó los cargos y argumentó que lo único que hizo fue ejercer su derecho de pedir información a una entidad pública sobre su condición en un expediente judicial.
Aseveró que la gestión tenía que ver con la necesidad de aclararle a la periodista Mercedes Agüero que ella manejaba información, a su juicio, equivocada.
El alcalde manifestó que en el 2012 una persona lo denunció junto con a otros funcionarios municipales por un caso relacionado con una orden de compra cuestionada.
Aseguró que tiempo después, la misma persona retiró la denuncia en su contra al reconocer que obtuvo información errónea y por eso él sabía que ya no figuraba en ningún expediente judicial como imputado.
Araya dijo que en la nota que envió al Ministerio Público de forma «clara y transparente», solicitó que, «confrontado con la literalidad del expediente», le certificaran que no tenía parte en el expediente mencionado.
Según Araya, en ese caso del 2012 él terminó colaborando con la investigación y brindó información a agentes del Organismo de Investigación Judicial e incluso estuvo en calidad de testigo.
Ante los jueces negó que hubiese usado alguna influencia para cometer irregularidades.
Defensa de Celso Gamboa
El exfiscal y exmagistrado, Celso Gamboa (derecha) es defendido en el juicio por su hermana, la abogada Natalia Gamboa (al centro).
Gamboa pidió que su imagen y su voz no sean grabadas en la sala de juicios. La foto es en el pasillo del tercer piso de Tribunales.
La defensora argumentó que el caso que origina todo el proceso se remonta, en efecto al 2012 por una denuncia de una persona que posteriormente admite que se equivocó. Por tanto, considera que desde ese año, Johnny Araya no era imputado en la causa judicial.
La abogada expresó además que la periodista del Ministerio Público no debía brindar información a un medio de prensa de un expediente que estaba en etapa preparatoria, pues los datos están protegidos por el secreto que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
La profesional en Derecho aseveró que en el debate se demostrará que el exfiscal no cometió anomalías ni gestó entrega de información falsa a la prensa.
Celso Gamboa no declaró este jueves en el juicio pero pidió que se tomara como su declaración el relato que dio cuando fue indagado por la causa. De esta forma, los jueces leyeron las manifestaciones que hizo en esa oportunidad.
Entre otras cosas, Gamboa expresó que había un informe que descartaba a Johnny Araya de los hechos del 2012 y que esa posición se confirmó tras un allanamiento en la Municipalidad de San José.
Negó además que hubiese indicado que se borrara o eliminara a Araya de la causa judicial. También negó que sea amigo del alcalde de San José o que existiera algún interés en ayudarle a cambio de algún beneficio posterior.
El exfiscal también cuestionó que la oficina de prensa de la Fiscalía brindara información que, a su criterio, no debía entregarse.
Defensa de Berenice Smith
La exfiscal adjunta de Probidad, Berenice Smith, por el momento no va a declarar en el juicio y pidió que su imagen y voz no fueran grabadas. A ella la defienden los abogados Francisco Dall’Anese (de pie) y Federico Campos (de blanco).
Dall’Anese también respaldó la tesis de que Johnny Araya no era imputado en la causa judicial del 2012. Explicó que no se le podía considerar en esa condición pues ni siquiera se le indagó.
El defensor dijo a Noticias Columbia que Smith no hizo ninguna gestión para favorecer a Johnny Araya.
El abogado además arremetió contra el Ministerio Público por haber entregado a la prensa información que estaba bajo el secreto de la investigación. Explicó que estas disposiciones legales se fijaron para evitar que a una persona se le presente como culpable cuando el caso ni siquiera ha llegado a una acusación o a la etapa pública de juicio.
