Corte toma nuevo acuerdo sobre aplicación de Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas
Por mayoría, los magistrados acordaron este lunes que las Direcciones de Gestión Humana, Jurídica y de Tecnología de la Información «continúen con la ejecución del plan de trabajo en cumplimiento de un oficio que la Contraloría General de la República (CGR) notificó a la Presidencia de la Corte el 19 de diciembre 2019».
De esta manera, el pago salarial de los servidores y servidoras judiciales se cancelará de forma nominal a la base y el pago de la cesantía bajará a 8 años, tal como lo indica el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esto implica que los pagos se harían con montos fijos y no por porcentajes como había establecido la Corte anteriormente.
Esta es la transcripción del acuerdo:
En razón de que existe pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por esta Corte en acuerdo firme de la sesión N° 11-2019 del 18 de marzo de 2019, artículo XIV y en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en resolución R-DC-13-2020 de las quince horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se acuerda:
1.) Acatar lo resuelto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado por el órgano contralor y al plan de trabajo presentado por la Presidencia de la Corte, lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635.
2.) Dictar como medida cautelar, la suspensión del artículo XIV, de la sesión de Corte Plena N° 11-2019 de 18 de marzo de 2019, a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.
3.) La Presidencia de la Corte con la colaboración de la magistrada Chacón y de los magistrados Solís, Sánchez y Olaso, darán seguimiento a la ejecución del plan de trabajo presentado a la Contraloría General de la República.
